Centro Democrático solicitó vigilancia en el proceso contra el gobernador de Antioquia, ante lo que calificó como una “arremetida judicial”

La colectividad del Centro Democrático elevó una solicitud formal a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, en la que compartió su preocupación frente al curso que tomaron los procesos judiciales contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

En dos cartas firmadas por su director nacional, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, el partido pide garantías institucionales y vigilancia especial sobre la actuación de la Fiscalía 4 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señalando una posible judicialización con trasfondo político, que llamaron una “arremetida judicial”.

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La inquietud del partido tiene como detonante una serie de declaraciones públicas emitidas el 24 de junio de 2025 por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, en las que se refirió a la preparación de una imputación de cargos contra el mandatario regional.

Durante una rueda de prensa, la funcionaria afirmó: “En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador de Antioquia tiene fuero y ese fuero es de fiscal General, que es una investigación que yo adelantaría (...) que es una investigación que adelanta una fiscal Delegada ante la corte por delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación”

Estas palabras encendieron las alertas del Centro Democrático, que considera que “no existe tal hecho hasta el momento”, es decir, no se formuló imputación contra el gobernador, por tanto, lo dicho por la fiscal General “deja un manto de duda y sin sabor jurídico de que más allá de no haber culminado la indagación preliminar (...) se tiene un criterio jurídico de judicialización contra el Gobernador”.

El partido señala que hay una preocupación mayor por el tipo de contratos en los que se basan las investigaciones. Según detallan en la comunicación enviada a la Procuraduría, los procesos penales en curso hacen referencia a convenios firmados años atrás, cuando Rendón era alcalde del municipio de Rionegro (2016-2020), en el oriente antioqueño.

Dichos contratos —afirman— ya fueron liquidados, no presentan irregularidades funcionales, ni desviaciones de objeto, y respondían al desarrollo de obras para la Policía Nacional y la comunidad.

Por lo que el partido solicitó formalmente a la Fiscalía que investigue los rumores sobre una posible solicitud de captura contra el gobernador de Antioquia, basada en hechos que, según la colectividad, carecen de sustento jurídico. Además, pidieron impedir el uso del derecho penal como mecanismo de persecución política y garantizar los derechos de líderes de oposición.

También exhortaron a informar al país con claridad para evitar interpretaciones que profundicen la desconfianza ciudadana.

Desde la perspectiva de la colectividad, estos procesos podría estar siendo instrumentalizado con fines políticos. En la carta enviada al procurador General, Gregorio Eljach, se afirma que hay una “posible privación de la libertad del Gobernador, quien ha sido un opositor visible y firme frente al Gobierno nacional, especialmente en temas de seguridad, infraestructura y agenda social”.

En ese sentido, Centro Democrático invoca la facultad del Ministerio Público de intervenir para velar por el respeto de las garantías fundamentales en actuaciones judiciales y administrativas.

“Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia especial sobre los procesos vigentes contra el Gobernador Rendón Cardona que adelantan las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia”, indica el documento.

Además, el partido señala que las declaraciones de la fiscal General, al dar por sentada una imputación que no ha ocurrido, “no solo desinforman a la opinión pública, sino que también minan la presunción de inocencia y el debido proceso”.

A lo largo del pronunciamiento, la colectividad insiste que su postura busca defender el principio de independencia judicial, así como el derecho a ejercer la oposición política sin represalias.

En palabras del comunicado: “Consideramos que los hechos relatados, junto con la condición política que ostenta el gobernador de Antioquia hoy iniciado en los procesos, configuran una situación que amerita su atención inmediata y la adopción de mecanismos institucionales que garanticen el respeto al debido proceso, la independencia judicial y la protección del ejercicio legítimo de la oposición democrática”.

El Centro Democrático recalcó que continuará atento a cualquier requerimiento adicional para formalizar su solicitud y agradece la atención prestada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría. La misiva fue enviada con copia al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).