La denuncia ciudadana permitió a las autoridades de Bogotá desmantelar una peligrosa banda de extorsionistas conocida como el Tren Cipriano, que operaba en la localidad de Suba, tras meses de intimidaciones y amenazas contra el gremio de bicitaxistas.
En el noroccidente de la ciudad, la vida cotidiana de los bicitaxistas se vio alterada por la aparición de un grupo criminal que, durante semanas, impuso un régimen de miedo y extorsión.
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La situación alcanzó un punto crítico cuando una líder del gremio, responsable de coordinar 13 rutas de bicitaxis en la zona, comenzó a recibir amenazas directas.
Los extorsionadores exigían pagos diarios de $30.000 a $40.000 por cada bicitaxista, una suma que, multiplicada por la cantidad de trabajadores y días laborados, representaba una carga económica insostenible para quienes dependen de este medio de transporte para subsistir.
Ante la gravedad de la situación, la víctima acudió a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para denunciar los hechos. Este fue el inicio de una investigación que, gracias a la articulación entre la Secretaría y el Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Policía Nacional, permitió reunir pruebas contundentes sobre la existencia y el modus operandi de la banda.
¿Cómo fue la captura?
Durante seis meses, el Gaularealizó labores de inteligencia para desarticular la estructura criminal. Los delincuentes, además de extorsionar a los bicitaxistas, se hacían pasar por miembros del temido Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano, con el objetivo de infundir mayor temor entre sus víctimas.
Esta estrategia buscaba aprovechar la reputación violenta de dicha banda para asegurar el pago de las extorsiones y consolidar su control sobre la zona. El liderazgo de la banda recaía en alias Pure, quien coordinaba las acciones de otros cuatro integrantes identificados como David, Narizón, Javier y Cabra.
Estos sujetos utilizaban armas de fuego para intimidar a los bicitaxistas y garantizar el cobro semanal de las cuotas.
La estructura estaba compuesta, en su mayoría, por ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, lo que añade una dimensión transnacional al fenómeno delictivo que afecta a Suba. La presencia de estos individuos generó un clima de inseguridad que trascendió el ámbito del transporte informal, impactando a la comunidad en general.
La investigación permitió documentar la forma en que la banda operaba: exigían pagos regulares bajo amenaza de violencia, utilizaban la identidad de una organización criminal reconocida y mantenían una vigilancia constante sobre las rutas de bicitaxis.
La presión sobre los conductores y la líder del gremio se mantuvo durante meses, hasta que la acción coordinada de las autoridades logró reunir las pruebas necesarias para proceder con las capturas.
Los operativos culminaron con la detención de los seis integrantes de la banda, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Se les imputaron los delitos de extorsión agravada en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Tras la audiencia, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los capturados, lo que representa un golpe significativo contra la criminalidad en la localidad.
Hasbleidy Bohóquez, directora de Seguridad de la Secretaría, destacó la importancia de la denuncia: “Gracias a que una de sus víctimas alzó la voz en nombre del gremio y se acercó a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, logramos articular de manera inmediata con el Gaula de la Policía Nacional quienes de inmediato recibieron la denuncia y los medios de prueba que dieron cuenta de la materialización de esta conducta delictiva y de la responsabilidad de los implicados”.
La colaboración entre las entidades permitió abrir una investigación formal y desplegar un operativo de seguimiento e inteligencia en el barrio San Cipriano, también en Suba, donde se identificó a los responsables.
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