La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitó de manera categórica una sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal.
“Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno conforme a los artículos 453, 444 A y 444 del Código Penal colombiano”, declaró Orjuela ante la juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.
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El caso que enfrenta Álvaro Uribe Vélez se remonta a una compleja trama judicial en la que el expresidente habría, presuntamente, orquestado una serie de acciones para influir en el testimonio de personas clave dentro de un proceso penal.
De acuerdo con la exposición de la fiscalía, la estrategia habría consistido en utilizar intermediarios para persuadir a los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García a retractarse de sus declaraciones originales, las cuales resultaban incriminatorias para el exmandatario.
La fiscal Orjuela subrayó que el objetivo de estas maniobras era “construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales”, una afirmación que, según la funcionaria, se encuentra respaldada por el material probatorio presentado durante el juicio.
La audiencia, celebrada en Bogotá, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con la atención de la opinión pública nacional e internacional.
El proceso judicial contra el expresidente ha sido seguido de cerca por diversos sectores políticos y sociales, dada la relevancia de la figura de Uribe Vélez en la historia reciente de Colombia.
La fiscal Orjuela, en su intervención, insistió en la solidez de las pruebas y en la necesidad de que la justicia actúe con independencia y rigor.
“Iniciaremos este alegato final desarrollando de forma ordenada los hechos probados, las estructuras de los tipos penales y el vínculo de determinación con el procesado para culminar con la solicitud formal de condena”, anunció la fiscal, delineando el camino que seguiría su exposición ante la juez.
El expediente presentado por la fiscalía detalla cómo, a través de una serie de acciones coordinadas, se habría intentado modificar el curso de la investigación penal. Entre las pruebas más relevantes se encuentran las interceptaciones legales de comunicaciones, que, según la fiscal Orjuela, evidencian la existencia de contactos entre personas cercanas al expresidente y los testigos mencionados.
Además, los registros audiovisuales y los documentos aportados al proceso refuerzan la hipótesis de que existió una estrategia deliberada para manipular la administración de justicia.
Ambos testigos, Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García, cuyas declaraciones iniciales comprometían al exmandatario, habrían sido objeto de presiones para modificar sus versiones.
La fiscal Orjuela sostiene que estas acciones no fueron aisladas, sino parte de un plan estructurado y dirigido desde las más altas esferas. Según la exposición de Orjuela, el expresidente no solo habría tenido conocimiento de estas maniobras, sino que las habría promovido y respaldado activamente.
Además, enfatizó que la conducta atribuida a Uribe Vélez encuadra perfectamente en las figuras penales mencionadas, dado que se habría buscado alterar la verdad procesal mediante la utilización de terceros.
“El acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave”, reiteró la fiscal, en una frase que resume el núcleo de la acusación, según detalló el medio colombiano.
La solicitud de condena presentada por la fiscalía representa un momento decisivo en el proceso judicial. La fiscal Orjuela, al concluir su intervención, dejó claro que la acusación se basa en un análisis minucioso de los hechos y en la aplicación estricta de la ley.
“La estructura probatoria desplegada en esta audiencia... ha dejado sin asomo de duda que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal”, subrayó la fiscal
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