Gustavo Petro afirmó que el Clan del Golfo y disidencias de las Farc estarían operando desde Dubái

En la mañana del martes 24 de junio, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que, en las últimas horas, acaparó la atención de la opinión pública: el secuestro de 57 soldados del Ejército Nacional, que ya fueron liberados.

El presidente de la República dijo que los narcotraficantes instrumentalizan a la población civil para amedrentar al Estado y las fuerzas del orden. Asimismo, aseguró que, tanto Clan del Golfo como disidencias Farc operan directivamente desde los Emiratos Árabes Unidos.

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“En la medida en que el frente de la junta del narcotráfico en el Cauca, ya no puede repeler militarmente a la fuerza pública, y utiliza campesinos desarmados para ello, nos muestra que son débiles y la acción del ejército contundente. El mundo debe saber que tanto el clan del golfo, como las llamadas “disidencias de Iván Mordisco” están articuladas funcionalmente a la junta del narcotráfico con sede en Dubai”, escribió.

Tropas del Ejército Nacional lograron el rescate de 57 uniformados que habían sido retenidos en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, por grupos de civiles que, según información oficial, habrían actuado bajo coacción del frente Carlos Patiño, una facción disidente de las antiguas Farc. La operación, denominada “Justicia”, fue ejecutada el lunes 23 de junio con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y dirigida por la Tercera División del Ejército.

El episodio se desarrolló en dos fases consecutivas. La primera ocurrió el sábado 21 de junio, cuando 31 soldados fueron privados de la libertad. El segundo evento se registró un día después, con la retención de otros 26 militares. En total, los 57 afectados estaban compuestos por 53 soldados profesionales y cuatro suboficiales.

El caso ha generado preocupación por el uso de la población civil en acciones que comprometen la seguridad y la integridad del personal militar, así como por las dinámicas de control territorial que persisten en regiones estratégicas como el Cañón del Micay. Esta zona ha sido históricamente disputada por distintos actores armados ilegales debido a su importancia geográfica y económica.

Tras la exitosa culminación del operativo de liberación, varios testimonios de los uniformados comenzaron a circular en medios de comunicación nacionales. Uno de los relatos más difundidos fue el de Kenen Vargas, uno de los soldados más jóvenes del grupo, quien describió el impacto emocional y las condiciones del cautiverio, al tiempo que reiteró su compromiso con el servicio militar pese a lo vivido.

Los soldados liberados reportaron que, durante su retención, recibieron alimentación y se mantuvieron en condiciones adecuadas. Aunque se trató de una situación de alta tensión, no se registraron agresiones físicas, y las autoridades aseguraron que se respetaron los derechos fundamentales de los uniformados durante su permanencia con los civiles.

El Ministerio de Defensa, a través de su titular Pedro Sánchez, atribuyó la resolución del caso a la presión sostenida de la Fuerza Pública en la zona. El funcionario destacó que el despliegue de tropas continúa en el Cañón del Micay con el objetivo de garantizar la seguridad de las comunidades locales y reafirmar la presencia institucional del Estado en esta región, considerada prioritaria por su complejidad en términos de orden público.

Durante el desarrollo de la operación también se reportaron capturas de algunos individuos que habrían participado activamente en la retención de los militares. Las investigaciones avanzan para esclarecer la responsabilidad penal de los involucrados y determinar los posibles vínculos con estructuras armadas ilegales.

El frente Carlos Patiño, mencionado por las autoridades como el actor armado detrás de estos hechos, es una de las principales estructuras disidentes de las antiguas Farc con presencia en el suroccidente colombiano. En reiteradas ocasiones ha sido señalado por acciones que atentan contra la Fuerza Pública y por instrumentalizar comunidades rurales en zonas donde ejerce presión y control.

Las autoridades han insistido en que este tipo de hechos no solo comprometen la integridad del personal militar, sino que también ponen en riesgo a las comunidades que, bajo amenazas o manipulación, se ven involucradas en actos que pueden derivar en consecuencias judiciales. El Gobierno nacional reiteró su compromiso de mantener el orden constitucional en los territorios afectados por el conflicto armado y de garantizar la protección tanto de la población civil como del personal uniformado desplegado en operaciones de seguridad.