El Congreso de la República archivó el proyecto conocido como “ley Estefanía”, que buscaba fortalecer los controles de seguridad y saneamiento en piscinas públicas y privadas del país.
Inspirada en la muerte de Estefanía Villamizar, una niña de 10 años que falleció en 2023 tras contraer una bacteria mortal en una piscina durante sus vacaciones en la costa Caribe, la normativa pretendía llenar vacíos en la legislación vigente y evitar nuevos accidentes y problemas de salud derivados del uso de estos espacios de recreo.
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Los familiares de la menor detallaron en una entrevista con Caracol Radio que la “ley Estefanía” proponía establecer pruebas y controles periódicos para detectar microorganismos patógenos en el agua de las piscinas. También incluía el análisis microbiológico regulado periódicamente, obligaciones de mayor mantenimiento y sanciones a quienes no cumplieran estas normas, tanto en piscinas de uso público como privado.
La propuesta fue impulsada por la madre de Estefanía, Tatiana González, una empresaria santandereana que lideró la campaña para obtener mayores controles, especialmente en la calidad del agua y en las condiciones de seguridad de balnearios y alojamientos turísticos.
El proyecto avanzó en tres de los cuatro debates requeridos en el Congreso, pero no consiguió la aprobación final debido al poco tiempo restante en el calendario legislativo y a la oposición de algunos representantes.
Entre los detractores se destacó Martha Alfonso, congresista de Tolima, que argumentó que la ley significaría mayores costos para los propietarios de piscinas y balnearios, lo que podría afectar a operadores turísticos y empresarios del sector. El Ministerio de Hacienda también emitió un concepto negativo por el impacto fiscal que podría generar la implementación de las nuevas medidas.
Actualmente en Colombia rige la Ley 1209 de 2008, que exige la presencia de un salvavidas y elementos de rescate como requisito mínimo en las piscinas. Sin embargo, no establece normas sobre el monitoreo y control de la calidad del agua, lo que fue el eje central de la propuesta archivada.
La iniciativa también contemplaba la instalación obligatoria de dispositivos de seguridad adicionales, como alarmas, barreras físicas y placas antideslizantes, así como controles especiales para el ingreso de menores de edad y la presencia de campañas nacionales de prevención de accidentes y enfermedades asociadas al uso de piscinas.
El archivo del proyecto de ley ocurre en un momento de alta afluencia a balnearios y piscinas, coincidiendo con la temporada vacacional de mitad de año y el puente festivo de San Pedro, cuando miles de familias colombianas visitan destinos con instalaciones acuáticas. Para los familiares de la menor fallecida, la falta de nueva normativa deja sin respuesta el vacío legal y sanitario evidenciado en el caso de Estefanía.
Según enfatizó Tatiana González, la decisión adoptada por el Congreso “salva” a los operadores turísticos de invertir en nuevos controles, pero deja expuestos a los usuarios a riesgos que la ley buscaba prevenir. “No descansaré hasta que esta ley se apruebe. Lo hago por Estefanía y por todas las familias que pueden evitar pasar por lo mismo”, afirmó la madre en declaraciones recogidas por el medio.
González anunció que impulsará nuevamente la iniciativa en la próxima legislatura, con el objetivo de modificar la legislación actual y dotar al país de estándares más estrictos en seguridad y calidad del agua de piscinas.
El senador Gustavo Moreno (Alianza Social), que presentó el proyecto en el Congreso, coincidió en la necesidad de establecer análisis periódicos y sanciones claras para garantizar la salud de los bañistas. A pesar de que la iniciativa recibió el respaldo de la Comisión Séptima, la falta de inclusión en el orden del día para el cuarto y último debate, problemas de conciliación y diferencias entre los congresistas determinaron el hundimiento de la propuesta.
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