El presidente Gustavo Petro fue duramente cuestionado por su participación en un acto público en La Alpujarra, Medellín, donde compartió tarima con jefes de estructuras criminales de la ciudad, algunos de los cuales fueron capturados y condenados por las autoridades.
El evento generó críticas en distintos sectores, entre ellos la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), que rechazó la presencia del mandatario junto a esos actores.
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En respuesta, Petro afirmó que fue él quien impulsó la creación de Asocapitales, en un intento por deslegitimar las críticas del organismo.
Frente a lo dicho por el jefe de Estado, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también conocido como el Bukele colombiano, le contestó.
Tras la circulación de imágenes del acto en Medellín, Asocapitales emitió un comunicado el domingo 22 de junio en el que manifestó su desacuerdo con lo sucedido. En el texto, la organización calificó como un hecho grave el traslado de personas condenadas desde cárceles para intervenir en espacios públicos junto a la población civil, señalando que ello constituye una “afrenta contra la institucionalidad”, además de poner en riesgo a los ciudadanos y restar autoridad a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Poco después del comunicado emitido por Asocapitales, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X con un mensaje breve que volvió a encender el debate. “La asociación de ciudades capitales, que yo fundé, no puede estar por encima del derecho constitucional a la paz”, escribió el mandatario, aludiendo tanto a su vínculo con la entidad como al desacuerdo con la posición que esta manifestó públicamente.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, respondió al mensaje del presidente Gustavo Petro sobre Asocapitales con una crítica directa a su postura frente a las fuerzas de seguridad y el tratamiento otorgado a jefes criminales. A través de su cuenta en X, cuestionó el enfoque del Gobierno en medio del contexto de violencia que enfrenta el país.
“Mientras el Presidente exalta a los peores criminales en plaza pública, al Ejército y a la Policía se les quita presupuesto en medio de una masacre de soldados y policías en todo el país. El irrespeto a nuestra fuerza pública y a la institucionalidad está tocando fondo”, escribió por medio de su cuenta en su cuenta de la red social X (antes Twitter) el mandatario local de la capital del departamento de Santander.
Jaime Andrés Beltrán no se limitó a una sola publicación sobre la polémica en torno al evento en La Alpujarra. Luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificara como una amenaza la presencia de jefes de bandas criminales en la tarima junto al presidente Gustavo Petro, el mandatario de Bucaramanga también se pronunció.
En dicha publicación, Beltrán cuestionó el discurso del presidente durante el acto y expresó su respaldo a Gutiérrez, subrayando que el jefe de Estado no puede actuar por encima de las autoridades locales elegidas democráticamente.
“Gustavo Petro es el Presidente de la República, pero no el dueño del país. Subirse a una tarima a lanzar arengas contra un alcalde elegido popularmente, es irresponsable, peligroso y antidemocrático. Toda mi solidaridad con el alcalde @FicoGutierrez”, escribió el alcalde de Bucaramanga.
La polémica ha vuelto a poner en discusión los alcances del proyecto de paz total y los espacios en los que se habilita la intervención de integrantes de estructuras criminales. Para el Gobierno Nacional, incluir a estos actores en escenarios públicos es parte de una estrategia orientada a avanzar en procesos de desmovilización y reintegración. Sin embargo, organizaciones como Asocapitales advierten que este tipo de medidas afectan la credibilidad institucional, socavan el respaldo al trabajo de las fuerzas del orden y generan desequilibrios frente al cumplimiento de la ley.
El acto realizado en La Alpujarra fue una de las actividades con las que el presidente Gustavo Petro reafirmó su respaldo a la estrategia de “Paz Urbana”, una iniciativa que completa dos años y que plantea la reducción de la violencia en las ciudades a través de conversaciones con personas privadas de la libertad, señaladas por su liderazgo en organizaciones delictivas. Esta política ha sido uno de los puntos más controvertidos del actual gobierno del Pacto Histórico.
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