Isabel Zuleta defendió presencia de cabecillas criminales en acto con Gustavo Petro en Medellín: “Se habla de frente”

La senadora Isabel Zuleta, coordinadora del Espacio Sociojurídico de Diálogo en Medellín, defendió la participación de cabecillas de estructuras criminales en el evento organizado por el Gobierno nacional en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro.

En entrevista con W Radio, Zuleta afirmó que el traslado de los voceros de estas organizaciones fue autorizado por el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según la senadora, se trató de una convocatoria abierta para tratar asuntos relacionados con la paz urbana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Era un evento en plaza pública sobre la paz urbana y un evento en el que se estaba hablando de paz. El proceso de paz inició hace dos años. El evento se convocó precisamente para eso. Lo que sería inexplicable es que no se les convocara a los voceros de las estructuras debidamente reconocidos por el presidente de la república para este tipo de diálogos urbanos”, sostuvo la senadora al citado medio, que señaló que Medellín ha sido históricamente golpeada por la violencia.

Zuleta recalcó que la condición de privación de libertad de estas personas no puede ser utilizada como argumento para negarles el derecho a expresarse en espacios de diálogo. En su intervención, criticó además al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por sus señalamientos al evento.

“El rechazo a Federico Gutiérrez es que en la ‘Villegada’, lo que nosotros conocemos en Medellín como la Villegas, hacía alianzas, pero él con los criminales por debajo de la mesa, no este gobierno que lo hace de frente”, afirmó a W Radio, en referencia a prácticas de administraciones anteriores que, según ella, mantenían pactos ocultos con estructuras criminales.

Zuleta sostuvo que los discursos preparados por los voceros en el acto fueron elaborados con conocimiento del Ejecutivo. “Ellos prepararon su discurso y sí fue con el presidente de la República porque el evento de paz y el único autorizado, el único en el país, escúchese bien, no como en el pasado”, expresó.

Según la senadora, el actual Gobierno ha asumido la interlocución con las estructuras armadas urbanas de forma transparente.

“Por primera vez en el país se está haciendo lo que corresponde, hablar de la necesidad de paz urbana en las ciudades que tanta violencia han vivido como la nuestra en Medellín”, indicó Isabel Zuleta a W Radio.

El 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro asistió al evento ‘Un pacto por la paz urbana’, celebrado en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.

Durante el acto, estuvieron presentes nueve jefes de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, lo que generó críticas desde distintos sectores políticos y sociales debido al traslado de los reclusos al espacio público.

Entre los asistentes se encontraban líderes de organizaciones delictivas activas en Medellín y el Valle de Aburrá, procesados por delitos como homicidio, desaparición forzada, extorsión y desplazamiento. El periódico El Colombiano confirmó la presencia de figuras como alias Douglas, alias Tom, alias Carlos Pesebre y alias El Indio, entre otros.

El acto fue duramente cuestionado por autoridades locales y nacionales. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, afirmó que el país debe respaldar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, en lugar de dar visibilidad a delincuentes condenados.

En términos similares se expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien consideró el hecho como una ofensa a las víctimas y criticó el uso de recursos públicos para exponer a los jefes criminales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que el evento representó una amenaza directa para su administración, que —según dijo— ha enfrentado a estos grupos armados. Afirmó que mientras su gobierno los combate, el Ejecutivo los premia. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana calificó el episodio como una afrenta al Estado de derecho y pidió la intervención de las autoridades competentes.