Admiten tutela contra Gobierno Petro por poca representación de comunidades afro en el Estado

Casi tres años después de que el presidente Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, asumieran el poder en Colombia, con un discurso enfocado en la inclusión de las minorías históricamente marginadas, pareciera que estas comunidades no han tenido su espacio en el Gobierno nacional.

Así lo manifiesta una acción de tutela que fue presentada por el líder afrocolombiano Jarol Javier Palacios Palacios, y que fue aceptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al considerar que se mantiene una representación mínima de comunidades afrodescendientes y marginadas en el Gobierno nacional, situación que, según el demandante, vulnera los derechos a la igualdad y autonomía de estos grupos.

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En el documento, revelado por Semana, pone el foco en la situación de los “pueblos negros del Pacífico” y la “representación de las comunidades negras” en la administración nacional.

Uno de los puntos centrales de la acción tutelar es que la representación de las minorías en el Gobierno del Cambio no supera el 10 por ciento, una cifra que, según el accionante, resulta insuficiente para garantizar la participación efectiva de estos grupos en la toma de decisiones.

Incluso, en la demanda se destaca que en algunos cargos donde deberían estar en manos de personas pertenecientes a estas comunidades, han sido ocupados por individuos que no cumplen con los requisitos mínimos de pertenencia o experiencia en los procesos organizativos de los mismos.

Un caso paradigmático señalado en la tutela es el de Amelia Rocío Cortés Cortés, que se desempeña como directora de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. “Nunca hizo parte de los procesos organizativos de las comunidades negras. No pertenece a las áreas que conforman los asentamientos de comunidades negras. Situación que genera un retroceso en nuestras luchas”, manifestó el demandante en la tutela presentada en el Consejo de Estado.

Esta designación, según el documento, representa un obstáculo para la garantía de una representación equitativa y para la atención de las necesidades específicas de las comunidades negras, como la preservación del medio ambiente, la conservación de prácticas tradicionales de producción, la erradicación de la pobreza y el reconocimiento de su vida social y cultural.

“Esto le quita la representación equitativa a las comunidades negras en el Gobierno en pro de garantizar que se respondan a las necesidades particulares, a la preservación del medio ambiente, a la conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza, el respeto y el reconocimiento de su vida social y cultural”, añadió el líder chocoano.

Ante dicha acción tutelar, el Gobierno nacional, por medio de representantes de la Presidencia, la Vicepresidencia y el Ministerio del Interior, defendieron la gestión de Gustavo Petro en materia de inclusión, asegurando que la representación de esta población es mayor que en administraciones anteriores.

Así mismo, pidieron declarar la improcedencia de la tutela, al considerar que carece de sustento suficiente, así como la falta de requisitos legales para proceder con dicha acción y reiterando que la administración ha hecho esfuerzos significativos en materia de inclusión.

Del mismo modo, el Ejecutivo sostiene que personas afrodescendientes, indígenas, campesinas y miembros de la comunidad Lgbtiq+ han ocupado y ocupan cargos relevantes en el Gobierno, lo que, a su juicio, demuestra un avance respecto a periodos previos. “Son necesarias para nuestros pueblos que padecemos pobreza extrema”, manifestó el Gobierno Petro en declaraciones reveladas por Semana.

Por el momento, el Consejo de Estado deberá decidir en los próximos días si el Gobierno ha incumplido con la inclusión de representantes de minorías excluidas y si corresponde ordenar, mediante fallo judicial, la adopción de medidas para garantizar la representatividad de estos grupos. La decisión tendrá implicaciones directas en la política de inclusión y en la legitimidad del discurso gubernamental sobre la equidad y la diversidad.

Mientras el proceso judicial avanza, la discusión sobre la inclusión de las minorías en el Gobierno Nacional continúa ocupando un lugar central en la agenda política y social de Colombia. La resolución de este caso podría marcar un hito en la lucha por la igualdad y la justicia para las comunidades históricamente marginadas del país.