La Fiscalía General de la Nación dio un nuevo golpe contra las economías ilícitas, después de que informaran en la mañana del domingo 22 de junio sobre la captura de cuatro personas en una mina clandestina de oro en Buriticá, Antioquia.
Según indicó el ente investigación, los señalados empleaban explosivos y sustancias tóxicas en una zona autorizada para una multinacional extranjera.
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La intervención, realizada en conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, permitió identificar un frente de extracción ilegal de oro que operaba en modalidad de socavón.
Las autoridades señalaron que en el lugar se utilizaban explosivos de manera indiscriminada y productos químicos peligrosos, lo que ocasionaba daños irreparables al suelo y la vegetación de la zona.
Durante el operativo, fueron detenidos Luis Antonio Ortiz Ortiz, presunto administrador del complejo minero, junto a Daniel Andrés Díaz Hernández, Jeison Manuel López Feria y Julio César Acosta Lora, quienes, de acuerdo con la investigación, cumplían funciones de guardias y escoltas armados para proteger la actividad ilícita.
En el sitio, los agentes también lograron incaugar 102 barras de explosivos tipo anfo, 774 barras de indugel, 1.000 gramos de mercurio y tres armas de fuego.
Según la Fiscalía, los explosivos eran empleados para remover tierra de forma antitécnica, mientras que el mercurio se utilizaba para amalgamar el oro, prácticas que representan un alto riesgo ambiental y para la salud pública.
La Fiscalía presentó a los capturados ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Fiscalía judicializó a tres presuntos disidentes de las Farc que presionaban a emisoras comunitarias para difundir mensajes
En medio de operaciones ejecutadas en los departamentos de Meta y Guaviare, las autoridades lograron la captura de tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, acusados de intimidar y extorsionar a comunidades locales y sectores productivos a través de mensajes difundidos en emisoras y redes sociales.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, estos individuos habrían empleado emisoras comunitarias y plataformas digitales para difundir amenazas orientadas a condicionar la vida diaria de pobladores y comerciantes en la región.
De acuerdo con datos publicados por la Fiscalía General de la Nación, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, llevaron a cabo las detenciones en las ciudades de Villavicencio y San José del Guaviare.
Las personas detenidas fueron identificadas como Víctor Alfonso Umaña Portela, conocido como ‘JJ Umaña’, Telmo Niño Delgadillo y Gilbert Alexer Barrera López, alias ‘Yasir Zapata’.
Las investigaciones señalan que estos sujetos asumieron temporalmente el control de emisoras comunitarias bajo coacción, utilizando estos espacios para la divulgación de mensajes intimidatorios y, de manera paralela, recurrieron a redes sociales para extender sus amenazas, según reportó la Fiscalía.
Previo a su judicialización, durante los operativos de captura, los agentes incautaron diversos elementos tecnológicos, entre ellos un dron, cuatro relojes digitales y tres teléfonos celulares. Todos estos objetos serán incorporados al proceso investigativo para el análisis de evidencias digitales que respalden las acusaciones, según reiteraron las autoridades involucradas.
Tras la captura, los tres individuos fueron presentados ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión. Pese a que ninguno de los imputados aceptó los cargos, el material probatorio recolectado resultó suficiente para que el juez dictara medida de aseguramiento en centro penitenciario, mientras se adelantan las etapas posteriores del proceso judicial, puntualizó la Fiscalía.
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