Una serie de ataques recientes contra instalaciones penitenciarias en el suroccidente del país ha encendido las alarmas entre el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que denuncia una grave situación de inseguridad y abandono por parte del Estado.
Funcionarios recibieron una recomendación, revelada por El País de Cali, que ha causado desconcierto: extremar precauciones personales, evitar ciertos lugares públicos y modificar sus rutas diarias.
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La advertencia se conoció tras la difusión de un panfleto firmado por una organización criminal autodenominada Mago (Muerte a Guardianes Opresores), que declaró un plan pistola a nivel nacional contra el Inpec.
El citado medio precisó que la amenaza surgió luego de que alias Pipe Tuluá, jefe de la estructura criminal La Inmaculada, fuera trasladado de prisión, presuntamente con fines de extradición.
Según la versión difundida por el grupo armado y revelada por el citado medio, el recluso habría impedido un atentado contra un líder de los Comandos de Frontera, lo que habría motivado su traslado como represalia.
Esa misma noche del 6 de junio, cuatro guardianes y dos civiles resultaron heridos por la explosión de un artefacto lanzado a la entrada del penal de Villahermosa, en Cali. Horas después, se reportaron ataques armados contra la cárcel de Buga y el hallazgo de un explosivo sin detonar cerca del establecimiento penitenciario de Tuluá.
Aunque el Inpec informó que se adelantan acciones para reforzar la seguridad en las zonas perimetrales de las cárceles, los propios funcionarios cuestionan que la estrategia no contempla su protección directa.
“¿Los que están en peligro son los muros de las cárceles o los guardianes?”, expresó un funcionario de Villahermosa consultado por El País de Cali, que señaló que las medidas se reducen a memorandos que sugieren “cuidarse” y evitar lugares públicos.
Entre las disposiciones adoptadas por la Dirección Nacional del Inpec figura la suspensión de remisiones médicas, el aplazamiento de diligencias judiciales y la congelación de traslados de internos en la Regional Occidente.
Sin embargo, líderes sindicales consultadas por el citado medio consideran que estas acciones son insuficientes frente al riesgo que enfrentan los funcionarios.
Ever Oswaldo Gómez Peña, vicepresidente seccional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) en Jamundí, calificó el panorama como una “zozobra total” y aseguró que el Estado ha fallado en proporcionar garantías de seguridad a quienes custodian las cárceles.
“Estamos trasladando a los privados en vehículos sin blindaje, no hay suficientes chalecos antibalas, ni radios de comunicación o armamento adecuado. En Jamundí, por ejemplo, hay cinco mil internos y apenas uno o dos carros disponibles”, señaló Gómez.
El sindicato también ha alertado sobre el riesgo de que los funcionarios del Inpec sean utilizados como herramientas de presión por parte de grupos armados ilegales en el contexto de negociaciones con el Gobierno.
“Los acuerdos que se pactan con estas organizaciones los terminamos pagando nosotros con nuestras vidas”, afirmó una fuente reservada citada por el mismo medio.
Las cifras oficiales dan cuenta del deterioro en las condiciones de seguridad: en lo que va de 2024, se han reportado 375 amenazas y el asesinato de 10 funcionarios del Inpec, el doble de las amenazas registradas en 2023 y el triple de las reportadas en 2022.
La Defensoría del Pueblo ha reiterado su preocupación ante esta situación. Tras el ataque ocurrido en octubre de 2023 en la vía Panamericana, que dejó tres muertos —incluidos dos funcionarios del Inpec—, el organismo señaló que el cuerpo de guardianes es también víctima de la crisis estructural del sistema penitenciario.
En respuesta al temor creciente, algunos guardianes han optado por modificar sus rutinas diarias y evitar vestir el uniforme en lugares públicos.
Sin embargo, desde el sindicato Seup se ha lanzado una campaña pedagógica para sensibilizar a la ciudadanía sobre el rol civil de estos funcionarios. “No somos parte del conflicto armado. Nuestra función es la resocialización, no la confrontación”, afirmó Gómez.
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