El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de incluir una papeleta adicional en las elecciones de 2026, para consultar a los ciudadanos sobre una Asamblea Nacional Constituyente, desató un nuevo debate político en Colombia.
La discusión, que involucra tanto a sectores oficialistas como de oposición, gira en torno a la necesidad y pertinencia de modificar la Constitución de 1991, uno de los temas más sensibles en la coyuntura actual.
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Uno de los que se pronunció a favor fue el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, que sostiene que la Carta Magna requiere cambios sustanciales.
“La Constitución de Colombia debe tener unos cambios importantes. Por ejemplo, reformar la justicia, pero el Congreso no es capaz de hacerlo, le da susto reformar la Corte Suprema, el Consejo de Estado, etc. Tenemos una puerta giratoria”, expresó en una entrevista con W Fin De Semana.
Ocampo argumentó que el Legislativo demostró límites para auto reformarse y que solo una Asamblea Constituyente tendría la capacidad de abordar profundas transformaciones.
El congresista señaló que el Congreso no ha sido efectivo en modificar aspectos centrales como el sistema judicial ni en autolimitar sus privilegios.
“El Congreso no se va a bajar el salario ni se va a quitar los privilegios”, afirmó. En ese sentido, consideró que los cambios estructurales para enfrentar problemas como la corrupción y la ineficiencia institucional no vendrán de los mecanismos actuales.
“Necesitamos mecanismos efectivos para evitar la corrupción. El elemento estructural de la corrupción hace parte también de cómo crearon al Estado. La clase política no va a acabar la Constitución”, agregó Ocampo.
La propuesta presidencial de una Constituyente, intensificada por el anuncio de la consulta popular a través de una papeleta paralela en 2026, agudiza las diferencias.
El debate no solo abarca cuestiones técnicas, sino preocupaciones sobre el alcance y la motivación del proceso, el papel del Congreso y la división de poderes.
Por el lado opuesto, el congresista Julio César Triana, del partido Cambio Radical, rechazó la iniciativa y la calificó como parte de una “narrativa populista” para desviar la atención de los principales problemas del país.
Para Triana, hay mecanismos claros y legítimos para modificar la Constitución, los cuales, según la Carta vigente, pasan todos por el Congreso de la República.
“Claro que el presidente puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, solo que el presidente juró el día de la posesión, respetar y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia”, aseguró Triana en entrevista al medio citado.
Triana sostuvo que los mecanismos fueron definidos en la constituyente de 1991, estableciendo una ruta para la modificación legal de la Carta, y que intentar promover una Constituyente por fuera de ese marco sería incompatible con la institucionalidad.
El representante opositor agregó que la propuesta presidencial es una “cortina de humo” promovida por el Gobierno para desviar la discusión nacional.
“Cuando se hizo la del 91, en la que participó el M-19 como actor principal, se establecieron unos requisitos y hoy lanzan un globo al aire o una cortina de humo para sacarnos a los colombianos de las discusiones importantes”, dijo Triana.
También cuestionó los intentos del Ejecutivo de imponer su agenda sobre la división de poderes y denunció lo que interpreta como un esfuerzo persistente por debilitar los pesos y contrapesos democráticos.
“Desde el día uno del Gobierno Petro se ha atentado contra la división de poderes. Este presidente pareciera estar gobernando con la constitución de 1811”, sentenció.
El debate sobre la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente ha estado presente de manera intermitente desde hace varios años en la política colombiana.
La Constitución vigente, promulgada en 1991, introdujo mecanismos de participación y reforma, así como caminos institucionales para realizar cambios.
Sin embargo, sectores del Gobierno y algunos miembros del Legislativo consideran que el modelo actual es insuficiente para abordar retos contemporáneos en materia de justicia, corrupción y modernización del Estado.
Para Alejandro Ocampo, solo una Constituyente podría superar las resistencias del Congreso al auto reformarse e implementar cambios como la reducción de privilegios y una reforma a fondo del sistema judicial.
Frente a ese análisis, los críticos insisten en que las herramientas actuales son suficientes y advierten riesgos institucionales si se desconocen los procedimientos establecidos.
Mientras se acerca la fecha de las elecciones de 2026, el debate se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda política nacional.
Por el momento, la posibilidad de consultar en las urnas sobre una eventual Asamblea Nacional Constituyente abre interrogantes sobre el futuro del sistema político y la permanencia de los equilibrios institucionales en Colombia.
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