Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba, presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York un extenso memorando de 60 páginas en el que solicita clemencia y la reducción de nueve años a la condena de 14 años que cumple desde mayo de 2024 en una prisión de Texarkana, Texas.
Esta petición es el último recurso legal para modificar la pena impuesta tras su extradición a Estados Unidos en enero de 2023.
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El proceso judicial que llevó a Córdoba a la justicia estadounidense comenzó en 2022, cuando fue capturado en Colombia y entregado a Estados Unidos, según información publicada por El Tiempo.
Un proceso con carga política
La extradición fue autorizada por el entonces presidente Gustavo Petro, un hecho que generó tensión política debido al polémico pasado de su hermana Piedad Córdoba, quien fue señalada en varias ocasiones por presuntos vínculos con el régimen venezolano y las Farc.
En la solicitud de clemencia, Álvaro admite haber participado en un complot para enviar cocaína a Estados Unidos, pero sostiene que la condena impuesta es excesiva y desproporcionada respecto a su verdadero papel en la organización criminal.
Se describe a sí mismo como un “actor menor, indefenso e inofensivo”, limitando su rol a tareas de “secretario” y “mensajero” de su hermana, sin participación directa en actividades ilícitas.
Además, argumenta que su cercanía con Piedad Córdoba lo convirtió en un blanco para una investigación cuyo objetivo real, según su defensa, era la senadora y no él.
La sombra de Piedad Córdoba
Piedad Córdoba, quien falleció en 2024, estuvo envuelta durante años en controversias por supuestos vínculos con el chavismo y las Farc.
De acuerdo con el medio citado, fue identificada en documentos incautados a alias Raúl Reyes con el alias Teodora Bolívar, aunque las investigaciones en su contra fueron archivadas en 2011 debido a irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas.
Sin embargo, durante su regreso al Congreso colombiano, la vigilancia estadounidense sobre ella se mantuvo, contexto en el que se desarrolló la investigación que terminó con la captura y extradición de Álvaro.
De 66 años, Álvaro insiste en que su implicación fue pasiva y limitada, afirmando que solo escuchó conversaciones, pero no participó directamente en actos ilegales. Se define como alguien que “conoce o está al tanto de un crimen, pero no participa en él”.
Su defensa argumenta que su dependencia emocional, política y económica respecto a su hermana lo llevó a acompañarla a varias reuniones que luego fueron claves en su caso judicial. Además, en la solicitud pide ser deportado a Colombia, alegando problemas de salud propios y de su esposa.
La captura de Córdoba se produjo en febrero de 2022 en una operación que también incluyó a Libia Amanda Palacio Mejía y Alberto Jaramillo, que también fueron extraditados a Estados Unidos.
Operación encubierta de la DEA
Según Álvaro, estos dos eran los responsables directos del manejo de los cargamentos de cocaína. Entre 2021 y 2022, sin saber que trataba con agentes encubiertos de la DEA, Córdoba se involucró en lo que creyó era un negocio con narcotraficantes mexicanos, pero que en realidad fue una operación encubierta que sirvió como base para su extradición y juicio en EE. UU.
Él sostiene que la DEA buscaba principalmente información sobre su hermana y que incluso el juez le sugirió que su pena podría reducirse si colaboraba con datos sobre Piedad.
El memorando, según El Tiempo, expone que Álvaro se encontró en una “coyuntura moral” complicada y, a pesar de ello, acepta su culpa por participar en el negocio ilícito.
Durante la investigación, el nombre de Piedad Córdoba apareció repetidamente en el expediente, coincidiendo con su regreso al Congreso. La defensa sostiene que el verdadero objetivo de la DEA era la senadora y no Álvaro.
Un abogado declaró al diario que “la DEA iba por Piedad y trató de llegar a ella a través de Álvaro, pero no hubo pruebas sólidas más allá de grabaciones de Libia Palacio, que nunca se comprobaron”.
En febrero de 2023, Piedad respondió públicamente negando cualquier implicación en narcotráfico y calificó el caso como un “entrampamiento” que refleja la “sistematicidad” con que la DEA actúa en Colombia.
La operación encubierta de la DEA comenzó en marzo de 2020, cuando contactaron a Libia Amanda Palacio, quien involucró a Álvaro y a Jaramillo.
Palacio presentó a Córdoba ante los agentes encubiertos como alguien con “altos contactos” en los gobiernos de Colombia y Venezuela, haciendo referencia a su cercanía con “la Señora”, un apodo para Piedad Córdoba.
En grabaciones, Palacio sugirió que narcotraficantes mexicanos podrían financiar políticamente a la senadora a cambio de ayuda para conseguir socios en el negocio ilícito.
En septiembre de 2021, Palacio afirmó en una grabación haber hablado con Piedad en un evento político y la vinculó con el cartel de los Soles, especialmente con un supuesto asociado apodado “Azul”, ligado al régimen de Maduro.
Sin embargo, el expediente no contiene pruebas concretas para respaldar estas acusaciones, y aunque la DEA mantuvo vigilancia sobre la senadora, no se presentaron cargos formales en su contra.
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