En la mañana del 21 de junio, Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, compartió una emotiva carta con motivo de su aniversario número 14 de relación con el político, que permanece en estado crítico desde el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
A través de su cuenta de Instagram, Tarazona expresó el profundo dolor por no poder compartir este día junto a su esposo, y al mismo tiempo reafirmó su esperanza en una recuperación.
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“Hoy acepto radicalmente el dolor y la tristeza de no poder despertarme a tu lado y verte sonreír con el beso de la mañana de nuestro hijo”, escribió Tarazona.
“Hoy acepto el dolor de no verte tocar el piano de nuestra casa con Alejandro en tus piernas. Acepto radicalmente el dolor, para poder abrazar nuevamente la esperanza de oír el latido de tu corazón y poder seguir entrelazando nuestras manos”.
La esposa del senador también tuvo palabras de solidaridad para otras mujeres que viven situaciones similares: “Hoy en medio de este dolor abrazo incondicionalmente a todas las mujeres que como yo no se pueden levantar al lado del amor de sus vidas”.
Con fe, concluyó: “Sigo en pie para estar a tu altura en esta dura batalla”.
Uribe sigue en la UCI y su estado es “extremadamente crítico”
Doce días después del atentado que lo dejó gravemente herido, Miguel Uribe Turbay continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Según el último parte médico, emitido el 18 de junio, su estado de salud es “extremadamente crítico” y permanece bajo estricta vigilancia médica. La familia y el equipo clínico han optado por la prudencia, limitando la divulgación de detalles sobre su evolución.
El atentado ocurrió en la noche del 7 de junio en el barrio Modelia, una zona residencial de la capital. Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna.
La noticia sacudió al país y encendió las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos, especialmente en el actual contexto preelectoral.
La investigación revela estructura criminal tras el atentado a Miguel Uribe
La Fiscalía avanza en el esclarecimiento del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, mientras aumenta la presión social por resultados. Uno de los hallazgos clave ha sido la localización de los zapatos rojos usados por alias El Costeño el día del ataque, una pista crucial para identificar a los autores materiales.
Ocho días después del atentado, las autoridades capturaron a Katherine Andrea Martínez, de 19 años, cuyo testimonio ha sido fundamental para entender cómo operaba el grupo criminal.
Según su relato, el 7 de junio se reunió en el parque El Golfito, en Modelia, con alias El Costeño, el conductor Carlos Mora y un menor de edad encargado de ejecutar el ataque.
Allí se entregó una pistola Glock modificada, valorada entre 15 y 20 millones de pesos, con la orden de disparar en ráfaga a la cabeza de la víctima.
Martínez confesó haber colaborado previamente en la logística de otros atentados, y reveló que existía un plan para asesinar a los involucrados tras el ataque, con el fin de silenciar posibles filtraciones.
Ante la amenaza, huyó a Florencia. Su declaración ha sido clave para confirmar que el atentado fue premeditado y con motivaciones políticas.
La Cidh exige respuestas al Estado colombiano
La gravedad del caso llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a intervenir.
El organismo pidió al Estado colombiano que detalle las medidas de protección otorgadas a Miguel Uribe, su familia y su equipo de campaña, y solicitó información sobre los mecanismos implementados tras el ataque.
El abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, explicó que la Cidh investiga por qué no se habían implementado mecanismos de protección adecuados para prevenir el atentado.
Mosquera señaló que la solicitud de la Cidh se fundamenta en alegaciones de riesgo y amenazas, y que exige al Estado colombiano detallar si las medidas de protección han sido concertadas con las autoridades estatales y si la situación de riesgo ha sido reevaluada tras el ataque.
“La Cidh ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se ha brindado a la familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal”, afirmó el abogado.
La Cidh estableció un plazo de 10 días para que el Gobierno entregue una respuesta formal.
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