
Luego de que el Congreso de la República conciliara y aprobara el texto de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro anunció que desistirá de la consulta popular que había intentado impulsar mediante decreto.
Con esta decisión, Petro puso fin a una de las controversias jurídicas más recientes, que enfrentó al Ejecutivo con el Congreso, la Registraduría y varios magistrados. Estos actores institucionales coincidieron en que el decreto presidencial pretendía eludir una decisión que ya había tomado el Legislativo: negar la convocatoria a una consulta en plenaria del Senado.
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No obstante, el mandatario no dejó de lado su intención de impulsar un cambio de fondo a través de un proceso constituyente. Petro señaló que la nueva estrategia consistirá en promover una papeleta para que los ciudadanos respalden la convocatoria a una asamblea nacional constituyente durante las elecciones de 2026.
“No llenamos una plaza de odio, llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza. El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo, quienes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas”, señaló el presidente en X.
Sin embargo, para que este mecanismo prospere, es necesario que el Congreso apruebe la iniciativa, tal como lo establece la Constitución.
“No más abusos de poder”: Iván Duque

El expresidente Iván Duque fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de Petro. En un mensaje contundente, también publicado en X, Duque arremetió contra el mandatario a quien, de manera irónica, llamó “el principito”. Según el exmandatario, la intención de incluir una papeleta en las próximas elecciones para convocar la constituyente no tiene sustento legal.
“Es importante que la organización electoral le diga al ‘principito’ que él no puede incluir papeletas o tarjetones en las elecciones de 2026. No más ‘decretazos’, ‘cabildos’ y ‘constituyentes populares’ para amenazar a las instituciones“, escribió Duque.
Las palabras del exmandatario se enmarcan en una creciente tensión política, en la que diversos sectores han expresado su rechazo a lo que consideran intentos del Ejecutivo de desbordar los procedimientos establecidos para la participación popular: “Ya le tocó agachar la cabeza con el Congreso y tuvo que aceptar las modificaciones que le introdujeron a la mal llamada ‘reforma laboral’, que en realidad es una ‘reforma pro sindical’. No más abusos de poder: las instituciones se hacen respetar”, concluyó en su mensaje el expresidente.

De acuerdo con las normas vigentes, una asamblea nacional constituyente solo puede ser convocada por el Congreso de la República. Si bien la Constitución contempla mecanismos de iniciativa popular, estos requieren del respaldo del Legislativo.
La cifra de respaldo ciudadano que ha mencionado el Gobierno —8 millones de firmas, equivalentes al 20% del censo electoral— podría respaldar una propuesta de iniciativa, pero para que la constituyente sea realidad se necesita la aprobación de al menos una tercera parte del censo electoral en votos positivos, es decir, más de 13,6 millones de ciudadanos.
El llamado en contraste de Ernesto Samper
Mientras las críticas arrecian desde sectores como el de Duque, el expresidente Ernesto Samper expresó un mensaje en tono conciliador. En su cuenta de X, Samper celebró la aprobación de la reforma laboral y defendió el uso de los mecanismos de participación previstos en la Constitución de 1991.
“La aprobación de la reforma laboral por el Congreso de la República es un gana-gana para toda la democracia que -en medio de tantos acontecimientos negativos como el atentado contra el senador Uribe Turbay- deberíamos celebrar. Gana el presidente Gustavo Petro porque consigue la aprobación de una reforma histórica en el campo social y laboral. Gana el Congreso porque demostró que, a pesar de la actitud ciega de los senadores que trataron de sabotear su trámite en la Comisión Séptima, sí pudo sacarla adelante. Ganó también la oposición que participó activamente en la búsqueda de esta salida y el gobierno, representado por el ministro Armando Benedetti, que manejó con serenidad y racionalidad el proceso de acuerdo. Pero, sobre todo, gana la institucionalidad del país que evitó lo que parecía un inevitable choque de trenes entre sus poderes alrededor de la legitimidad y oportunidad del llamado ‘decretazo’”, escribió.

Y finalizó diciendo: “Nos queda una moraleja hacia adelante: no le tengamos miedo a consultar y hacer uso de los mecanismos de participación directa que estableció la misma Constitución de 1991”.
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