Consejo de Estado ordenó a Petro retractarse y excusarse en público ante la familia de la asesinada Gloria Lara, por decir que “la mató y secuestró un familiar”

El Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse y presentar disculpas públicas a la familia de Gloria Lara, luego de que afirmara en un evento en Suecia que “una señora llamada Gloria Lara, que al parecer la mató y la secuestró un familiar”, declaración que resultó ser falsa.

La decisión hace parte de una sentencia de tutela interpuesta por Gloria Lucía Echeverri Lara y otra accionante contra la Presidencia de la República.

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Según el documento del fallo, difundido por Caracol Radio, el presidente deberá cumplir con esta retractación dentro de los cinco días contados a partir de la notificación del fallo, emitido el 14 de junio de 2025.

La retractación deberá publicarse y permanecer, por un periodo mínimo de tres meses, en la página web de la Presidencia, del Departamento Administrativo de la Presidencia y en el sitio del Consulado de Colombia en Estocolmo.

Además, deberá difundirse en las redes sociales institucionales y en la cuenta personal de X del mandatario, @petrogustavo.

El fallo también declaró “la falta de legitimación en la causa de las accionantes para impetrar pretensiones de amparo respecto de los demás miembros de su familia”, pero confirmó lo demás dispuesto en la sentencia de febrero de 2025.

La providencia fue firmada por la presidenta del Consejo de Estado, Gloria María Gómez Montoya, y el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

El presidente mencionó las palabras de las que ahora debe retractarse en un evento en la Universidad Sueca de Defensa, en junio de 2024, donde expuso su visión sobre justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

“Mi mensaje fue un testimonio profundo y sincero de lo que he defendido con firmeza durante toda mi vida: el derecho de las víctimas de este país a la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó.

Evocó la memoria de dos personas relacionadas con el caso. Se refirió a Enán Lora Mendoza, que fue señalado injustamente, según su visión, y asesinado; y a Jaime Gómez, investigador del crimen de Lara, que fue desaparecido y encontrado muerto en un parque nacional.

En su mensaje, Petro destacó que su gobierno impulsó acciones para enfrentar la impunidad en este caso. Recordó que “el 12 de diciembre de 2023 se suscribió el Acuerdo de Solución Amistosa en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el 24 de mayo de 2024, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado”.

Ese acuerdo respondió a la denuncia que en 2012 interpuso ante la Cidh el hijo de la víctima, Héctor Manuel Echeverri Lara, por falta de avances en la investigación. Solo diez años después, la comisión concluyó que hubo una violación de derechos fundamentales por parte del Estado colombiano.

Petro también expresó su respaldo a quienes han vivido procesos similares. “El Estado colombiano les debe pedir disculpas por la eterna impunidad. Mi compromiso y solidaridad con todas las víctimas”, concluyó.

A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente al caso de Gloria Lara de Echeverri, líder política secuestrada el 2 de junio de 1982 y asesinada meses después.

Meses más tarde, el 28 de noviembre del mismo año, su cuerpo apareció con un disparo en la cabeza. Lara se desempeñaba como directora Nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno y lideraba programas de restitución de tierras para comunidades indígenas.

A través de su cuenta de X, el mandatario calificó este crimen como un símbolo de impunidad. “El secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982 representa la impunidad judicial en Colombia, al no existir aún condenados y habiéndose declarado la prescripción de la acción penal”, escribió.

Petro hizo alusión a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 14 de febrero de 2025, que cerró el proceso penal por prescripción, al no considerarlo un crimen de lesa humanidad. Esa decisión consolidó el cierre jurídico de un caso sin responsables judiciales, lo que ha generado críticas desde diversos sectores.