Los representantes a la Cámara elegidos por las circunscripciones especiales de paz hicieron pública una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por el agravamiento de la violencia en varias zonas del país.
Los 16 congresistas, que integran esta bancada creada por el Acuerdo Final firmado en 2016, señalan que las comunidades afectadas por el conflicto siguen enfrentando condiciones críticas y que, pese a las promesas, el Estado no ha logrado dar una respuesta efectiva.
En un documento divulgado este 18 de junio, se plantea que la situación humanitaria en los territorios ha empeorado, y que los compromisos asumidos con la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz no se están cumpliendo con el rigor necesario.
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Además, se cuestiona el papel de las entidades encargadas de liderar ese proceso, especialmente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Según el comunicado, “la retórica oficial ha reemplazado la acción concreta. El alto comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del acuerdo de paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas.
La centralidad de las víctimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”.
La misiva también llama la atención sobre las deficiencias en la financiación y ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales fueron diseñados para atender las regiones más afectadas por el conflicto armado. De acuerdo con los firmantes, estas iniciativas no han recibido los recursos necesarios y su implementación ha sido irregular, lo que ha limitado su impacto.
En su pronunciamiento, los congresistas mencionan la persistencia de barreras en el acceso a servicios esenciales como salud, educación e internet. Estas limitaciones, indican, reflejan una falta de presencia estatal integral que, junto con la inseguridad, está deteriorando las condiciones de vida de miles de personas en zonas rurales.
A esto se suma una crítica directa a la forma en que el Gobierno nacional ha abordado la implementación del Acuerdo y sus compromisos de transformación estructural.
“Desde las curules de paz solicitamos la intervención y protección inmediata de los derechos de la población civil, y exigimos que cese ya la vulneración a nuestras comunidades. Pedimos respuestas estructurales, inmediatas y contundentes. La paz no puede seguir siendo un eslogan mientras nuestros territorios sufren. ¡Exigimos efectividad e inversión YA! No estamos dispuestos a seguir acompañando al Gobierno nacional si no cambia pasividad frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la nueva política de drogas y la consecución real de la paz en nuestro país”, señalan los representantes a la Cámara.
El pronunciamiento surge en medio de un contexto en el que múltiples organizaciones han advertido sobre el resurgimiento de dinámicas violentas en distintas regiones, especialmente aquellas donde hay presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial.
También coincide con el avance de varios procesos de diálogo promovidos por el Ejecutivo como parte de su política de paz total.
Sin embargo, desde las curules de paz se señala que estos esfuerzos no se han traducido en una mejora palpable para las comunidades. Por el contrario, aseguran que la sensación en muchos territorios es de abandono, sumado a una falta de planificación clara frente a los retos actuales.
La bancada también hizo énfasis en que la presencia del Estado en estos territorios no debe limitarse a operativos militares o estrategias de seguridad, sino que debe incluir inversiones sociales sostenidas, fortalecimiento institucional y garantía de derechos.
Este llamado colectivo busca poner en el centro del debate la necesidad de garantizar que las medidas para consolidar la paz tengan resultados concretos en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Los representantes advirtieron que, de no observarse un cambio en la actitud gubernamental, reconsiderarán su respaldo a la gestión actual en materia de paz.
Las curules de paz fueron creadas por el punto 2 del Acuerdo Final y se convirtieron en una herramienta para que las comunidades históricamente excluidas del debate político tuvieran representación directa en el Congreso. Esta es la primera vez desde su conformación que emiten una advertencia de este tipo dirigida al Gobierno nacional.
El documento, difundido en plataformas digitales y redes sociales de los congresistas firmantes, concluye reiterando la urgencia de adoptar medidas efectivas frente a la situación en los territorios y reafirmando el compromiso de las curules con la defensa de los derechos de las víctimas y el cumplimiento integral del Acuerdo.
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