Sigue la conmoción en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el departamento de Antioquia, tras el asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, que estaba en situación de discapacidad y con movilidad reducida.
Los hechos ocurrieron el lunes 16 de junio de 2025, cuando Espinosa, de 32 años y miembro del movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), estaba de regreso a su vivienda.
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Allí, el concejal fue interceptado en el casco urbano por un joven armado que, según las autoridades, aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para dispararle y causarle la muerte.
El hecho ha generado conmoción en la región antioqueña, sumado a la difusión de un video en el que se observa el momento exacto donde el cabildante fue ultimado por el joven.
La grabación muestra cómo el presunto sicario, acompañado de un cómplice, se aproxima sin levantar sospechas y ejecuta el crimen. Las imágenes han circulado ampliamente y han generado una ola de rechazo por la violencia del acto y la aparente facilidad con la que se cometió tan cerca de la autoridad.
Según la investigación preliminar, los agresores, vestidos con prendas rojas y botas, salieron de un restaurante y vigilaron los movimientos del concejal.
Uno de los atacantes abordó una motocicleta, mientras el otro caminó detrás de Espinosa, que estaba acompañado por tres mujeres.
De repente, uno de los sicarios desenfundó un arma de fuego y disparó en tres ocasiones a corta distancia desde el costado derecho del concejal. Espinosa falleció tras varios segundos de agonía, sin que pudiera recibir auxilio a tiempo.
Las autoridades locales y departamentales han condenado el asesinato y anunciaron el fortalecimiento de las medidas de seguridad en la zona.
Captura de autor material del ataque a concejal
Tras el ataque, se conoció que el autor material sería un menor de 17 años de edad, que fue aprehendido poco después del ataque en las inmediaciones de una estación de servicio del municipio. El cómplice logró escapar por la carretera vieja que conduce al municipio de San José de la Montaña (Antioquia).
“En la reacción se logra la captura de una persona que manifiesta tener 17 años. Se le encuentra un arma de fuego, la cual utilizó para cometer el homicidio. Y también se encuentra una moto inmovilizada. Es lo que tenemos por el momento. Hay una recopilación ya de videos, de pruebas testimoniales. Y ya está en el tema de la judicialización de este caso con nuestra Fiscalía ante las autoridades competentes”, manifestó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia.
El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó la detención a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló: “La @PoliciaColombia capturó a un menor a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver”. El mandatario también informó que el cómplice del menor, que conducía la motocicleta utilizada para huir del lugar, logró escapar y permanece prófugo, por lo que ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la captura del segundo implicado.
De igual manera, el mandatario departamental expresó su preocupación por el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en la región, responsabilizando a las políticas de paz del gobierno nacional por la situación.
En sus declaraciones, el mandatario afirmó: “Estos son los que durante tres años tuvieron una sombrilla de impunidad con la ‘paz total’. Disidencias FARC instrumentalizan menores sin vergüenza. Que les caiga todo el peso de la fuerza legítima del Estado y de la ley”.
La muerte de Juan Camilo Espinosa ha generado consternación entre líderes sociales y la comunidad de San Andrés de Cuerquia, que lamentan la violencia que afecta a la región. El concejal era ampliamente reconocido por su trabajo comunitario y su capacidad de liderazgo, a pesar de su condición de movilidad reducida.
Durante su trayectoria, ocupó en dos ocasiones un escaño en el concejo municipal, representando a su comunidad y defendiendo los derechos de las personas en situación de discapacidad.
El movimiento político Aico y diversas organizaciones sociales han exigido justicia y garantías de seguridad para los líderes comunitarios en la región. La investigación continúa, mientras la comunidad permanece a la espera de avances que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
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