El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, abordó recientemente el debate jurídico que ha suscitado el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular, tras el hundimiento de varias reformas clave en el Congreso.
Según explicó, el curso de esta iniciativa depende ahora de las decisiones que adopten las máximas instancias judiciales del país.
El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se dio luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, solicitara conceptos sobre la legalidad y viabilidad de dicho decreto al Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y a la propia Procuraduría.
En este contexto, Eljach subrayó que la discusión ha pasado del terreno político al estrictamente jurídico, lo que implica una evaluación técnica en el marco de la Constitución y la ley.
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De forma paralela, el procurador participó en una reunión entre autoridades del Estado y representantes de la Iglesia católica, convocada con el propósito de reducir las tensiones en el lenguaje político y promover un ambiente de mayor serenidad institucional.
Durante ese encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de propiciar un clima más reflexivo y constructivo, dadas las crecientes fricciones en el escenario nacional.
Eljach valoró positivamente la iniciativa e indicó que el llamado a moderar los discursos no solo se aplica a los actores políticos, sino que también compromete a las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones.
“La iglesia nos convocó en una manera creo que oportuna, en un momento en que ya los ánimos están exaltando más allá de lo deseable. Y se discutió,se habló muy breve porque ya Colombia conoce las posiciones de cada uno y se acordó comenzar por allí por pedir a los demás que bajen el tono del discurso”, expuso en entrevista con W Radio.
Desde su perspectiva, el acompañamiento de cada institución es clave para facilitar un escenario de deliberación democrática donde prevalezca el respeto por las formas y los procedimientos establecidos.
En cuanto a la participación del presidente Gustavo Petro en dicha reunión, se conoció que el mandatario abordó diversos asuntos de interés nacional, incluyendo una breve mención al estado actual de la reforma laboral, que aún se encontraba en trámite legislativo en ese momento.
La Procuraduría General, al igual que otras entidades consultadas, deberá emitir su concepto frente al decreto de la consulta popular, en un contexto donde se espera que el sistema institucional colombiano resuelva con claridad los interrogantes que ha suscitado esta iniciativa del Ejecutivo.
Mientras tanto, el llamado a la moderación y al respeto por los canales democráticos se perfila como una respuesta transversal ante el actual clima de polarización.
Petro se fue contra el registrador nacional
En el nuevo consejo de ministros que lideró durante la noche del martes 17 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a referir a la negativa del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de no convocar a su consulta popular a la espera del pronunciamiento de las altas cortes sobre su legalidad, luego de que el mandatario la invocara mediante decreto.
“El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo.Está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas,eso no se hace”, anunció el jefe de Estado.
Fue en la mañana del mismo martes que en una rueda de prensa que Penagos informó de su decisión de no iniciar ese proceso en las urnas hasta que las máximas instancias judiciales se pronuncien por la inusitada situación legal del mecanismo de participación ciudadana con el que el mandatario espera que se refrende en las urnas buena parte de la reforma laboral que fue archivada en la Comisión VII del Senado a mediados de marzo.
“Lo correcto, lo pertinente, es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con la consulta popular(...) Ante todo quiero invitar a las altas cortes para que de manera muy rápida y ágil puedan entregarle a Colombia una decisión de fondo”, expresó.
En el diálogo que sostuvo con periodistas el registrador indicó que contra el decreto presidencial para llamar a la consulta popular hay 10 acciones de nulidad simple, 34 por inconstitucionalidad y 97 acciones de tutela.
Sobre esa situación legal, Penagos sostuvo que estaba en “juego el principio de separación de poderes” y se requería con urgencia que se dirimiera en los altos tribunales.
“Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas es donde deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, reiteró.
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