Fenalco advirtió que el cambio en el contrato de aprendizaje desincentivará la contratación de aprendices del Sena: “No es un trabajador”

La reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso generó un intenso debate en torno a uno de sus artículos más controvertidos: la transformación del contrato de aprendizaje del Sena en una relación laboral formal.

Según informó Fenalco, esta medida podría representar un costo adicional de más de 3,6 billones de pesos para el sector productivo, además de incrementar significativamente la carga prestacional de las empresas.

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El gremio expresó su preocupación por las implicaciones económicas y sociales de esta decisión, que consideran equivocada y carente de sustento técnico.

De acuerdo con el director de la agremiación de comerciantes, Jaime Alberto Cabal, el modelo actual de contrato de aprendizaje ha sido clave para la formación de miles de jóvenes en Colombia, permitiéndoles adquirir experiencia práctica sin que ello implique una relación laboral formal.

Cabal afirmó que “el aprendiz está en proceso de formación, no es un trabajador”, y advirtió que convertir esta práctica en un vínculo laboral podría desnaturalizar el proceso educativo, encarecer los costos para las empresas y limitar las oportunidades de los estudiantes.

Además, calificó como un error que el Senado haya cedido ante las presiones del Gobierno sin realizar un análisis objetivo de los impactos de esta medida.

El artículo 23 de la reforma laboral, aprobado por el Senado, establece que los aprendices del Sena recibirán el 75% del salario mínimo mensual legal vigente durante la etapa lectiva y el 100% durante la etapa práctica, junto con prestaciones sociales completas, como afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y una bonificación anual equivalente a medio salario mínimo.

Esto eleva la carga prestacional a un estimado del 51% adicional, lo que, según cálculos, podría llevar la monetización mensual por aprendiz a aproximadamente 2.135.250 pesos.

Hasta ahora, el contrato de aprendizaje era considerado una figura especial no laboral, que ofrecía un apoyo de sostenimiento de entre el 50% y el 75% del salario mínimo, dependiendo de la etapa.

Con la reforma, esta figura se convierte en una relación laboral a término fijo, con todas las obligaciones legales para los empleadores, incluyendo cesantías, vacaciones, indemnización por despido y posibilidad de sindicalización.

Según el abogado laboralista Leonardo Nempeque, este cambio podría desincentivar la contratación de aprendices, especialmente en pequeñas y medianas empresas, debido al aumento significativo en los costos laborales.

“El aprendiz dejaría de estar cobijado por una figura especial de formación para convertirse en trabajador con vínculo laboral pleno”, indicó Nempeque en entrevista con La República.

El impacto de esta decisión también ha sido cuestionado por otros sectores. José Ignacio López, presidente de Anif, recordó que el contrato de aprendizaje, creado en 2002, permitió un incremento del 89% en los contratos en su primer año, pasando de 30.128 a 56.847. López expresó su preocupación de que la reforma pueda tener un efecto contrario, reduciendo las oportunidades para los aprendices.

“Esperemos que esta decisión no vaya en contravía de los mismos aprendices que algunos dicen defender”, expresó. “El riesgo es que se deje de contratar aprendices”, dijo López al medio citado.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticó la medida al señalar que “si lo vuelven contrato laboral, muchas empresas van a monetizar y miles de jóvenes perderán su oportunidad de aprender y trabajar”.

Además de los cambios en el contrato de aprendizaje, la reforma incluye nuevas disposiciones para las empresas que no cumplan con la cuota obligatoria de aprendices. Los recursos recaudados se destinarán a fortalecer la formación y permanencia de jóvenes en el Sena, así como a financiar proyectos productivos a través del Fondo Emprender.

La reforma también exige que las instituciones educativas estén certificadas en alta calidad y establece la creación de un sistema para evaluar la pertinencia y empleabilidad de los programas formativos.

Este sistema deberá ser diseñado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación y el Sena en un plazo máximo de 12 meses tras la entrada en vigor de la ley.

Desde una perspectiva técnica, varios expertos señalaron que la reforma podría tener efectos adversos.

El abogado Juan Manuel Guerrero calificó la decisión como “irresponsable y antitécnica”, mientras que otros analistas han advertido que el encarecimiento de la contratación podría limitar la articulación entre educación y empleo, afectando el futuro de miles de estudiantes.

Según Fenalco, esta medida no sólo incrementará los costos para las empresas, sino que podría reducir drásticamente la oferta de plazas para aprendices, debilitando un modelo que ha sido fundamental para la formación de jóvenes en el país.

En medio de este panorama, el debate sobre la reforma laboral continúa generando divisiones entre los sectores productivos, el Gobierno y los legisladores, mientras se evalúan las posibles consecuencias de estas transformaciones en el mercado laboral y en el sistema educativo colombiano.