El debate en torno a la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro ha escalado tras la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de no adelantar el proceso hasta que las altas cortes emitan un pronunciamiento.
Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, calificó como prudente la postura de la Registraduría y criticó duramente las declaraciones del mandatario, quien acusó al registrador Hernán Penagos de actuar de manera sediciosa.
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Estas afirmaciones son “ofensivas e irrespetuosas” y reflejan un desconocimiento del funcionamiento constitucional del país, según Galindo en una entrevista con Semana.
Sin embargo, el registrador Penagos consideró ese plazo inviable debido a las complejidades logísticas y presupuestarias que conlleva la organización de un proceso electoral de carácter nacional. El funcionario explicó que la decisión de no convocar la consulta se tomó ante la imposibilidad de cumplir con los tiempos necesarios para garantizar un proceso adecuado.
Por ello, decidió remitir el caso a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a la espera de un pronunciamiento jurídico.
Galindo respaldó esta postura, señalando que un evento de esta magnitud requiere al menos tres meses de preparación, tiempo que también fue necesario para el plebiscito por la paz en 2016.
Además, destacó que la organización de la consulta demandaría una inversión aproximada de 750.000 millones de pesos, cifra que calificó como razonable en comparación con procesos anteriores.
El exregistrador enfatizó que la decisión de Penagos de esperar el fallo de las altas cortes no implica tomar partido, sino actuar con prudencia frente a un decreto que ha sido señalado como inconstitucional.
Según Galindo, esta medida busca evitar un mayor conflicto entre las ramas del poder público y garantizar la estabilidad jurídica del país.
“Es esencial que exista una entidad independiente y autónoma para tomar estas determinaciones”, afirmó, subrayando la importancia de proteger la figura de la Registraduría como garante de la transparencia electoral.
También lo defendió del ministro Armando Benedetti
En respuesta a las críticas del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó al registrador como un “operador logístico”, Galindo defendió el papel de la Registraduría como una institución autónoma y fundamental para la democracia.
Recordó que esta entidad, creada en 1948 y fortalecida en la Constitución de 1991, no está subordinada al gobierno nacional y tiene la responsabilidad de organizar elecciones y garantizar la identificación de los ciudadanos.
El proceso de organización de una consulta popular, según detalló Galindo, incluye múltiples etapas, como la estimación de costos, la contratación de bienes y servicios, la verificación del censo electoral, la selección y capacitación de jueces de votación, y la distribución de kits electorales tanto en Colombia como en el exterior.
Además, se requiere implementar tecnologías para el preconteo y los escrutinios, lo que refuerza la necesidad de un plazo adecuado para su ejecución.
La controversia también ha generado un debate jurídico sobre la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad al decreto presidencial.
Aunque Galindo reconoció que esta opción era viable, consideró que la decisión de Penagos de esperar el pronunciamiento de las cortes fue la más prudente en el contexto actual.
“Nunca antes se había presentado una controversia de semejante magnitud entre las ramas del poder público”, afirmó, destacando la necesidad de resolver el conflicto de manera institucional.
En medio de este panorama, diversas voces han llamado a respaldar a la Registraduría y a su titular, Hernán Penagos, frente a las presiones políticas.
Galindo insistió en que el país debe rodear a esta entidad para preservar su independencia y garantizar la transparencia de los procesos electorales. “No solo es el respaldo a la Registraduría, sino a todas las instituciones de nuestra patria”, concluyó.
La decisión de la Registraduría de no convocar la consulta popular hasta que las altas cortes se pronuncien ha marcado un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y las instituciones electorales.
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