El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un acto de “sedición” la decisión del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de no convocar una consulta popular hasta que las cortes se pronuncien sobre el decreto emitido por el mandatario. “Eso no se hace”, expresó Petro durante un Consejo de Ministros televisado, donde también anunció que se emprenderán acciones jurídicas contra el funcionario.
En respuesta, Hernán Penagos defendió su postura argumentando que su actuación se ajusta estrictamente a lo que establece la ley. Según explicó, la controversia en torno al decreto presidencial generó un conflicto jurídico significativo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que, en su opinión, pone en riesgo principios fundamentales como la supremacía constitucional y la división de poderes en el país.
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“No podemos perder de vista que se trata de una controversia jurídica de grandes magnitudes entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. (...) Esta controversia está poniendo en riesgo el principio de supremacía constitucional y el principio de división de poderes en Colombia”, afirmó en entrevista con Semana.
El registrador también subrayó que su principal responsabilidad es garantizar el orden y que, al no ser juez, no tiene la facultad de avanzar con la consulta popular mientras el Consejo de Estado no emita un fallo definitivo. Penagos señaló que, tras la emisión del decreto por parte de Petro, se presentaron múltiples demandas que cuestionan la legalidad de la consulta, lo que hace imprescindible una resolución rápida de las autoridades judiciales.
“Aquí estamos actuando conforme lo estipula la ley. Donde hay juego y forja, habrá que aceptar esa posición, pero en lo particular yo estoy actuando conforme a lo que la Constitución me dice”, afirmó Penagos, reiterando que su actuación se basa en los lineamientos establecidos por la Constitución. Además, enfatizó en que cualquier decisión debe respetar el marco legal vigente, incluso si esto implica desacuerdos entre las partes involucradas.
A su vez, el alto funcionario recordó que el Estado colombiano tiene como objetivo que el decreto sea aplicado tal y como ellos lo escribieron, sin ningún tipo de revisión de las entidades encargadas como la Corte Constitucional.
Incluso, señaló que aunque el decreto del Gobierno nacional tiene sustento legal, la decisión del Senado también por lo que hay un choque de ramas elegidas popularmente.
“No es solamente la convocatoria a una consulta, es poner en riesgo el orden institucional. Es un quiebre institucional que puede dar lugar a unos precedentes muy penosos para el futuro de Colombia. Se trata de un choque entre dos autoridades administrativas, aquellas que han sido elegidas popularmente”, explicó al medio citado.
Y agregó: “No es solamente la convocatoria a una consulta, es poner en riesgo el orden institucional. Es un quiebre institucional que puede dar lugar a unos precedentes muy penosos para el futuro de Colombia”.
Con respecto a las declaraciones de Penagos, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lanzó fuertes críticas contra el registrador nacional por su decisión de dejar en manos de las altas cortes el futuro de una consulta popular impulsada por el Ejecutivo. El ministro calificó esta postura como un desafío al orden constitucional colombiano, lo que generó una intensa controversia en el ámbito político y judicial del país.
El titular de la cartera expresó su descontento a través de un video en el que señaló a Penagos de actuar con una agenda política y no jurídica. En sus palabras: “El registrador tiene una agenda política, el registrador no está actuando jurídicamente, él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano, es un desafío a la institucionalidad colombiana, un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato”.
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