El Consejo de Estado, a través de su Sección Quinta, admitió una demanda de nulidad contra la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Aunque el tribunal ha aceptado estudiar el caso en profundidad, determinó no suspender provisionalmente a Carrillo de su cargo, lo que le permitirá continuar desempeñando sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial.
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Este caso pone en el centro del debate la legalidad del nombramiento de Carrillo en una de las empresas más estratégicas del país.
De acuerdo con la información presentada, la acción judicial fue interpuesta por Julio Yepes, accionista de ISA, quien argumenta que la designación de Carrillo estuvo rodeada de presuntas irregularidades.
Entre las acusaciones se encuentran el supuesto incumplimiento de requisitos y la existencia de falsedades en la hoja de vida del actual presidente de la compañía.
Según lo consignado, estas irregularidades habrían afectado la transparencia del proceso de selección.
El caso podría tomar un giro significativo en las próximas semanas, ya que se contempla la posibilidad de incorporar nuevas pruebas documentales y testimoniales al expediente.
Además, existe la opción de unificar este proceso con otro que también cuestiona la elección de Carrillo, lo que permitiría consolidar el análisis jurídico en un único procedimiento.
Esta medida busca optimizar el estudio de los argumentos presentados y garantizar una resolución integral.
En un comunicado público, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout reveló que al menos diez ciudadanos han presentado solicitudes de coadyuvancia para respaldar la demanda.
De Bedout, quien también se sumó como coadyuvante, afirmó que estas acciones buscan fortalecer el caso contra la designación de Carrillo.
Según el concejal, la elección del presidente de ISA estuvo “viciada desde el inicio” y representa una amenaza al gobierno corporativo de la empresa. “Carrillo no solo no cumple con los requisitos exigidos para ocupar ese cargo, sino que además tiene antecedentes graves de su paso por EPM, donde dejó una huella de improvisación, politiquería y presuntos malos manejos”, declaró De Bedout.
El concejal también señaló la cercanía de Carrillo con figuras políticas como Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, lo que, según él, evidencia el respaldo político que ha recibido.
De Bedout subrayó que este proceso no solo busca esclarecer las irregularidades en la designación de Carrillo, sino también proteger el patrimonio público de Medellín, representado en las acciones que Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantiene en ISA.
La Superintendencia de Sociedades confirmó el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA, resolviendo una prolongada disputa legal que cuestionaba la transparencia del proceso.
Este fallo, emitido el 24 de enero de 2025, permitió a Carrillo asumir plenamente sus funciones al frente de la compañía energética del Grupo Ecopetrol, aunque persisten incertidumbres debido a una demanda de nulidad electoral en curso.
Según informó la Superintendencia Financiera, el registro del nombramiento de Carrillo había sido inicialmente aprobado por la Cámara de Comercio de Medellín en enero de 2024, pero enfrentó impugnaciones desde su origen.
El accionista Julio César Yepes presentó objeciones, alegando irregularidades en las actas y documentos que sustentaron la elección.
Estas acusaciones llevaron a la suspensión temporal del registro, dejando a la empresa en un estado de parálisis administrativa durante varios meses.
El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2024, cuando la Cámara de Comercio de Medellín inscribió el nombramiento de Carrillo.
Poco después, el diputado antioqueño Luis Eduardo Peláez presentó una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, exigiendo claridad sobre el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de selección.
Durante este periodo, Carrillo no pudo ejercer plenamente sus funciones, lo que limitó la capacidad operativa de la empresa.
La resolución de la Superintendencia de Sociedades determinó que el extracto del acta de designación cumplía con los requisitos legales, desestimando los argumentos de Yepes por considerarlos carentes de fundamento jurídico.
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