Iván Name y Andrés Calle seguirán en prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia: avanza el proceso por corrupción en la Ungrd

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió el martes 17 de junio rechazar el recurso de reposición interpuesto por los abogados de los congresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, investigados por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Con esta determinación, ambos legisladores continuarán privados de la libertad en centro carcelario mientras la investigación avanza para establecer si deben ser llamados a juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El recurso de reposición presentado por las defensas de Name y Calle buscaba revocar la medida de aseguramiento que pesa sobre ellos desde el pasado julio, alegando supuestas irregularidades en la incorporación de pruebas al proceso. Sin embargo, los magistrados de la Sala consideraron que las pruebas y testimonios aportados cumplen con los requisitos legales y que las decisiones previas no presentan vicios que justifiquen su revocatoria.

Uno de los principales elementos que sustentan la decisión de la Corte son los testimonios entregados por el ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla Álvarez, y el exdirector de la entidad, Olmedo López. Ambos implicaron directamente a Name y Calle en el presunto desvío de recursos públicos, con el propósito de que estos congresistas favorecieran reformas de interés del Gobierno en el Congreso.

El 9 de mayo de 2024, Pinilla envió una carta al magistrado instructor Francisco Farfán, manifestando su voluntad de colaborar con la justicia. En el documento, Pinilla indicó: “Presento esta petición, independientemente de la viabilidad sobre la aplicación del principio de oportunidad que analiza la Fiscalía General de la Nación”. Añadió: “Entiendo la importancia de mi testimonio para el esclarecimiento de los hechos y, por eso, es mi voluntad colaborar activamente para el logro de la eficacia de la administración de justicia en esta investigación”.

La relevancia de su testimonio radica en los detalles aportados sobre la forma en que, según él, se consiguieron y entregaron 4.000 millones de pesos a los congresistas investigados. Declaró que ese dinero tenía como finalidad obtener apoyo para iniciativas gubernamentales. Estos señalamientos, que los implicados niegan rotundamente, fueron ratificados por López, que señaló que la entrega de los recursos fue definida por altos funcionarios, entre ellos el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.

La defensa de los congresistas había centrado su recurso en cuestionar la legalidad de la prueba testimonial de Pinilla, al considerar que se habrían vulnerado derechos fundamentales como el de no autoincriminarse. En un salvamento de voto de 19 páginas, la magistrada Cristina Lombana sostuvo que la Corte habría incorporado de manera irregular las declaraciones de Pinilla, afirmando que “se habrían vulnerado los derechos de López y Pinilla, porque no se habría respetado su interés de guardar silencio hasta que sus negociaciones con la Fiscalía llegaran a buen término”.

Según Lombana, el magistrado auxiliar Pedro Movilla habría presionado a Pinilla para que declarara, transcribiendo parte de una diligencia del 9 de agosto de 2024 que, a su juicio, demostraría ese exceso. Sin embargo, la mayoría de la Sala consideró que Pinilla había manifestado desde mayo su voluntad de declarar y colaborar, y que sus testimonios fueron consistentes con lo dicho en la Fiscalía y en medios de comunicación.

La Sala, integrada por los magistrados Francisco Farfán, César Reyes, Marco Antonio Rueda y Misael Rodríguez, ratificó la validez de las pruebas y la necesidad de la medida preventiva, frente a los riesgos procesales identificados. Cabe recordar que el 15 de julio de 2024 la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Sala de Instrucción para que investigara a Name y Calle por cohecho, remitiendo los interrogatorios de los principales testigos.

La determinación de la Sala de Instrucción del alto tribunal implica que el proceso avanza hacia una posible apertura de juicio contra los congresistas. La medida de aseguramiento en centro carcelario permanecerá vigente mientras se evalúa la totalidad del material probatorio y se define la resolución de acusación.

De momento, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes deberá analizar las compulsas de copias originadas en el marco de este proceso, mientras la Fiscalía avanza en otras imputaciones y la Corte Suprema evalúa el cúmulo de pruebas recaudadas, incluidas las declaraciones, chats extraídos de los celulares de los testigos y demás elementos técnicos.

El proceso por las presuntas irregularidades en la Ungrd continúa siendo uno de los casos más sensibles en materia de corrupción en la contratación pública en Colombia, y lo que decida la Corte Suprema de Justicia en las próximas semanas marcará el rumbo de un expediente que tiene en vilo a varios sectores políticos del país.