El futuro de Colombia Productiva permanece incierto porque, al parecer, su presupuesto para 2025 no ha sido garantizado, lo que compromete la continuidad de sus operaciones a partir del segundo semestre del año.
Según un reporte conocido por La W, los 36.000 millones de pesos requeridos para el funcionamiento de esta entidad, adscrita al Ministerio de Comercio, no fueron incluidos en el Presupuesto General de la Nación asignado a dicho ministerio.
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Al mismo tiempo, Innpulsa, otra entidad bajo la órbita del mismo ministerio y encargada de promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial en el país, atraviesa una grave crisis de caja.
De acuerdo con La W, la institución se quedó sin recursos líquidos para hacer pagos a terceros, lo que la llevó a iniciar una cesación de pagos desde esta semana.
Esta situación representa un riesgo inminente para la operación de numerosos programas y compromisos contractuales que sostiene la entidad.
El presupuesto aprobado para ambos patrimonios únicamente permite su funcionamiento hasta el 30 de junio de 2025.
Fuentes citadas por La W advirtieron que, si las juntas asesoras no avalan la asignación de nuevos recursos en los próximos días, la actividad de Colombia Productiva y de Innpulsa no podrá continuar desde el 1 de julio.
Ambas organizaciones enfrentan actualmente un proceso de fusión, el cual forma parte del Plan Nacional de Desarrollo sancionado por la Ley 2294 de 2023.
El cronograma de la fusión también ha experimentado modificaciones recientes: según detalló la emisora, la integración que debía realizarse el 30 de junio se postergó para el 30 de septiembre.
Esta transición busca unificar los patrimonios de Innpulsa y Colombia Productiva para potencializar la ejecución de estrategias de desarrollo empresarial y competitividad bajo un nuevo fondo.
Las fechas para culminar la integración han cambiado varias veces. El Decreto 709 de 2024 estableció inicialmente el 30 de marzo de 2025 como el plazo para concretar la fusión, pero un ajuste posterior, dispuesto por el Decreto 0276 de 2025, amplió la fecha límite hasta el 30 de junio de 2025. La administración del patrimonio unificado quedará bajo la responsabilidad de Fiducoldex.
Entretanto, según reveló un directivo de Innpulsa a Bloomberg en Línea, el origen del problema radica en que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entonces bajo el mando de Luis Carlos Reyes, no efectuó el trámite de reserva presupuestal correspondiente al año pasado, lo que afecta directamente la operación y los compromisos financieros para 2025.
De acuerdo con lo consignado por Bloomberg, Reyes, quien asumió su cargo como ministro en junio de 2024, omitió gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la reserva del presupuesto de 2023 antes de la fecha límite impuesta por las circulares nacionales, que establecen el 20 de enero como plazo máximo.
Esta omisión habría generado una situación donde los contratos administrativos vigentes y la nómina de junio de ambas entidades quedaron en entredicho, al no poder ejecutarse los pagos programados ni continuar con los convenios en curso.
De acuerdo con el directivo citado, Innpulsa y Colombia Productiva funcionan como patrimonios autónomos administrados por Fiducoldex, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, supervisada por la Superintendencia Financiera y con control indirecto del Grupo Bicentenario S.A.S.
Los recursos actualmente faltantes ascienden a cerca de 100.000 millones en Innpulsa y 25.000 millones en Colombia Productiva. Esta situación compromete la sostenibilidad de los contratos administrativos, la nómina y el avance de programas impulsados por estas agencias.
Durante 2023, Innpulsa contó con un presupuesto de 150.000 millones, mientras que Colombia Productiva dispuso de 90.000 millones, según detalló el directivo en la misma entrevista. Actualmente, ambas entidades se encuentran en proceso de fusión y entre ellas suman 115 empleados, contando tanto personal de planta como contratistas.
La contingencia también tiene implicaciones directas para iniciativas como los conocidos Zascas, centros físicos de reindustrialización y desarrollo productivo operados conjuntamente con alcaldías y cámaras de comercio. Estos espacios, orientados a brindar asistencia técnica a la economía popular y microempresas, también se encuentran en riesgo de cierre o suspensión.
El mismo directivo subrayó ante Bloomberg Línea la gravedad de la situación, advirtiendo el potencial de demandas judiciales contra las entidades por incumplimiento de acuerdos contractuales ya firmados y activos, lo que podría derivar en consecuencias legales y financieras adicionales para el Estado.
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