El futuro de la consulta popular propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro se encuentra ahora en manos de las altas cortes. El 17 de junio de 2025, en una rueda de prensa, el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, sostuvo que se solicitará a la Sala de Consulta del Consejo de Estado un concepto jurídico sobre la controversia que rodea este mecanismo de participación ciudadana. La decisión de Penagos de suspender la convocatoria a la consulta generó un intenso debate político y jurídico en Colombia.
“Vamos a instar a los jueces de la república para que decidan sobre los actos judiciales, para que decidan sobre esta consulta popular”, señaló.
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La determinación del registrador recibió el respaldo de congresistas, sectores, entre otros. El representante a la Cámara por el Partido Liberal Julio César Triana expresó su apoyo a Penagos, destacando que su postura refleja respeto por la Constitución, la democracia y la separación de poderes. Triana señaló que no se puede utilizar una consulta popular como mecanismo para eludir al Congreso.
“El mensaje es claro: no se puede acudir a una consulta popular para pasar por encima del Congreso”, afirmó en su cuenta de X.
Desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid se pronunció en contra de la consulta popular impulsada por el presidente Petro. Para el congresista, el registrador no tiene las condiciones para proceder, especialmente después de que el Senado emitiera un concepto negativo al respecto.
“Todos tenemos la certeza de que el Senado negó la consulta popular, y lo que está haciendo Petro, pidiéndole al registrador que actúe mediante decreto, es una vulneración de la Constitución”, aseguró.
Por su parte, Juana Carolina Londoño, representante del Partido Conservador, calificó la decisión de Penagos como un acto de “cautela institucional”. Además, la legisladora destacó que el registrador actuó de manera responsable al solicitar un concepto jurídico a las altas cortes, especialmente considerando que la consulta enfrenta más de diez acciones de nulidad, cerca de cien tutelas y once demandas por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
En una línea similar, la representante Jennifer Pedraza elogió la prudencia del alto funcionario. Según Pedraza, Penagos optó por esperar el pronunciamiento de las altas cortes en lugar de aplicar directamente la tesis del gobierno. “El registrador es prudente: pudiendo aplicar la cuestionable tesis de Petro-Montealegre para negar la Consulta Popular, prefiere actuar en coherencia con lo que le digan las Altas Cortes. En momentos de burlas a la Constitución, el blindaje institucional es mejor que tomar una decisión con apuros”, afirmó.
En contraposición, el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la postura del registrador. A su juicio, Penagos no estaría cumpliendo con el decreto emitido por el Gobierno nacional y estaría asumiendo funciones que no le corresponden.
“El registrador no está acatando el decreto. Ese decreto es para convocar. Él es un operador logístico, por así decirlo. No tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que ya hizo el Gobierno”, afirmó.
El jefe de la cartera enfatizó en que la función del registrador no es cuestionar las decisiones del Ejecutivo, “por el contrario, hacerlas efectivas conforme a lo establecido por la ley”.
En ese sentido, expresó su preocupación a lo que calificó de una grave equivocación institucional por parte del registrador, subrayando que no es su competencia solicitar conceptos sobre la validez del decreto que convoca la consulta popular. “Creo que se está equivocando gravemente en eso”, indicó.
Y agregó: “Queremos una reforma laboral, es un proyecto del Gobierno. Nadie puede decir que estamos en contra de nuestro propio proyecto”.
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