Una columna de opinión publicada el domingo 15 de junio en The Wall Street Journal advierte sobre el deterioro de la seguridad en Colombia y señala que el país atraviesa una escalada de violencia que amenaza directamente a su democracia.
El texto, firmado por Mary Anastasia O’Grady bajo el título El auge de los narcoterroristas en Colombia, cuestiona la política de seguridad del presidente Gustavo Petro y plantea que actores criminales se están fortaleciendo en zonas donde el Estado ha perdido control territorial.
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El punto de partida de la columna es el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio.
Aunque los presuntos autores no han aceptado su responsabilidad, O’Grady considera que el hecho es una advertencia sobre el poder de los grupos armados ilegales.
“Desconocemos sus motivos. Pero no es descabellado suponer que fue instigado por alguno de los muchos intereses criminales que buscan desestabilizar la democracia colombiana. Es una lista larga en un país donde la intersección entre política y crimen es densa”, afirma el texto.
La autora, editorialista del diario estadounidense en temas de América Latina, sostiene que Colombia enfrenta una oleada de violencia asociada al narcotráfico y a redes transnacionales.
Según O’Grady, la situación ha empeorado con la llegada de Petro a la Presidencia, a quien describe como un ideólogo de izquierda radical, con simpatías por la guerrilla del M-19, de la cual fue integrante.
“La simpatía del presidente colombiano Gustavo Petro por la guerrilla ha empeorado la situación. El exterrorista del M-19 es un ideólogo de extrema izquierda y defensor de la producción de coca desinhibida”, escribe.
La columna critica además las políticas de paz implementadas por el Gobierno nacional, especialmente las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese sentido, cuestiona la suspensión de órdenes de captura y la congelación de solicitudes de extradición, decisiones que, en su opinión, han favorecido el avance territorial de los grupos armados.
“Desde que asumió el cargo en 2022, ha impulsado un acuerdo al estilo Santos con el terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, se lee en el artículo.
Sobre los efectos de esos acercamientos, la autora cita como ejemplo el caso del Catatumbo, una zona donde el ELN ha fortalecido sus vínculos con fuerzas armadas venezolanas, según ella.
En su análisis, O’Grady sostiene que esta relación con el Gobierno de Nicolás Maduro y actores como Diosdado Cabello ha facilitado rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal.
“El ELN ha respondido profundizando su relación con el ejército venezolano en la región oriental del Catatumbo, a caballo entre ambos países. Venezuela, bajo el dictador Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, es un importante país de tránsito de narcóticos”, indica.
Uno de los pasajes más críticos del texto apunta al crecimiento de los cultivos ilícitos en el país. Con base en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la autora advierte que el territorio cultivado con coca ha aumentado significativamente durante el actual Gobierno.
Según las cifras citadas, en 2023 se produjeron niveles récord de cocaína y la extensión sembrada superó ampliamente la registrada una década atrás.
“El negocio de la coca ha crecido rápidamente durante el gobierno de Petro. Una encuesta de 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 53 % en 2023 con respecto a 2022”, señala el texto.
El artículo concluye con una frase que ha llamado la atención por su contundencia: “Un narcoestado florece”. Con esa expresión, O’Grady resume su visión sobre el momento que atraviesa el país y deja en el aire una advertencia sobre los riesgos que implica la expansión de economías ilegales en zonas rurales sin presencia estatal.
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