El panorama del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo alarmante. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), durante el primer trimestre de 2025 se han reportado 4.375 procesos por este delito contra este sector de la población.
Se trata de 50 investigaciones diarias en promedio reportadas entre enero y marzo, donde Bogotá tuvo 1.007 de los casos, mientras que el Valle del Cauca reportó 439, Antioquia 240, Cundinamarca 235 y Atlántico 184.
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Uno de estos hechos fue denunciado en la mañana del sábado 14 de junio, cuando un hombre, presuntamente, habría sido soprendido intentado abusar sexualmente de una menor de edad en el puente peatonal ubicado cerca al paradero de buses en el barrio Yomasa, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.
Afortunadamente, según la denuncia conocida por Colombia Oscura, el plan criminal del sujeto no se habría podido llevar a cabo gracias a la rápida reacción de una mujer, que llamó a la Policía Metropolitana, que detuvieron al señalado agresor sexual.
De hecho, la denuncia ciudadana fue compartida a través de un video publicado en redes sociales en el que se observa al presunto delincuente esposado, mientras las autoridades acompañaban el procedimiento.
“Acá tenemos el violo, de la cara, como se iba a la niña, ¿con una indefensa? (...)“, le reprochó la mujer, mientras los uniformados le explicaban que era necesario interponer la denuncia contra el sujeto para avanzar en el proceso judicial.
En efecto, esta situación provocó rechazó entre usuarios en redes sociales, que solicitan mayor protección a los menores de edad de este tipo de personas.
“Las autoridades en Colombia deberían cortarle el colgandejo a los violadores de niños”; “Cuando yo sea presidente voy a pasar una ley que diga que a todos lo abusadores se les tatuara su delito en la frente; violadores, asesinos y los que maltratan animales. Para que cuando vayan a la carcel los reciba el comité de bienvenida correspondiente”; “Y las pruebas? (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.
Procuraduría investiga posible omisión de la Secretaría de Educación de Bogotá en denuncias de abuso sexual contra menores
El viernes 13 de junio, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios no identificados de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), debido a evidencias de una posible omisión en la atención y seguimiento de denuncias por presuntos abusos sexuales cometidos contra 13 menores en una institución educativa en el sur de Bogotá.
La decisión se fundamenta en un informe preventivo conjunto elaborado por las procuradurías delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer, y para el Ministerio Público en Asuntos Penales.
El documento llamó la atención sobre aparentes falencias en la respuesta institucional tras la notificación de varios casos de presunta violencia sexual en el Colegio Gimnasio Israel, situado en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, los cuales fueron reportados al sistema de alertas de la SED.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca establecer si los funcionarios del sector educativo distrital cumplieron con sus funciones de inspección, vigilancia y control ante las denuncias realizadas por padres de familia.
Asimismo, la investigación evaluará si se activaron de manera oportuna los protocolos de protección existentes para casos de abuso sexual infantil y si las alertas provenientes del colegio recibieron el seguimiento adecuado.
El proceso disciplinario surge mientras aún continúa la investigación en otro caso similar. El 3 de junio, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Jairo Orlando Rodríguez Ravelo, exrector del colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, por presuntamente omitir la denuncia de un caso en el que una estudiante de 12 años resultó embarazada tras sufrir abuso sexual por parte de tres compañeros. Las investigaciones permanecen en etapa preliminar.
La Procuraduría ordenó la recolección de pruebas para determinar si existió algún tipo de negligencia por parte de los funcionarios públicos involucrados.
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