El complejo panorama fiscal que heredará el próximo gobierno tras la cuestionada gestión de Petro: reconocen errores de cálculo

Mientras Colombia atraviesa el último año de la administración del presidente Gustavo Petro, el panorama económico comienza a delinear un legado complejo que comprometerá de forma significativa al gobierno que lo suceda. Así lo demuestra el análisis realizado por la periodista Laura Lucía Becerra Elejalde en una investigación publicada por la revista Cambio, donde se expone la situación fiscal del país, con base en los resultados del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Ministerio de Hacienda el 13 de junio de 2025.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que expuso ante la prensa y analistas los principales indicadores de las finanzas públicas colombianas.

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Durante la intervención, Ávila afirmó: “Hemos querido mostrar la realidad de las finanzas públicas (...) Queremos que se conozca con absoluta realidad y transparencia la realidad fiscal del país”. La frase marcó el tono de una exposición que confirmó temores previos sobre el deterioro de las cuentas nacionales.

Uno de los datos más alarmantes revelados fue el déficit fiscal proyectado para 2025, que alcanzará el 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un hueco cercano a los 129 billones de pesos. Esta cifra no solo supera la registrada el año anterior, sino que se acerca a los niveles de 2020, cuando la pandemia provocó una emergencia. A este escenario se suma el aumento de la deuda pública, que alcanzará el 61,3% del PIB este año, el nivel más alto del presente siglo, con proyecciones de crecimiento en los próximos dos años.

Frente a la imposibilidad de cumplir las metas de la regla fiscal —instrumento legal que limita el endeudamiento del Estado y permite mantener una disciplina en el gasto público—, el Gobierno solicitó activar la cláusula de escape. Este mecanismo excepcional permite suspender temporalmente el cumplimiento de la regla en contextos extraordinarios, como crisis económicas o catástrofes naturales.

“Creemos que no tomar esta decisión comprometería la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico que tiene proyectado el desarrollo del país”, explicó Ávila.

No obstante, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) –ente independiente que vigila el cumplimiento de esta norma– emitió un concepto desfavorable. En su comunicado, la organización cuestionó la justificación del Ejecutivo, indicando que “la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones” y que se trataba más de un problema estructural que de una coyuntura extraordinaria.

Esta situación evidenció que el siguiente presidente asumirá el poder en medio de una situación fiscal delicada. Una de las decisiones más controversiales del actual Gobierno fue haber decretado el presupuesto de 2024 sin el aval del Congreso, por un total de 523 billones de pesos, de los cuales 511 estaban financiados. La brecha fue cubierta parcialmente con mecanismos de anticipación de impuestos y otras medidas, que comprometen el recaudo de ejercicios fiscales futuros.

Desde la administración Petro se argumentó en varias ocasiones que parte de esta crisis se debe a pasivos heredados del gobierno anterior (de Iván Duque) entre ellos el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), cuyo costo fue estimado en 79 billones de pesos entre 2022 y 2025, y los pagos derivados de los créditos adquiridos durante la pandemia con organismos internacionales.

Sin embargo, sectores económicos y académicos sostienen que, si bien existe un componente heredado, también hay decisiones propias que agravaron la situación.

El gasto público inflexible es uno de los aspectos más complejos. Según datos del Ministerio de Hacienda, el 86% del presupuesto de 2026 está comprometido en obligaciones como el servicio de la deuda, transferencias a entes territoriales y el sistema de seguridad social.

Además de los factores estructurales, la actual administración ha cometido errores de cálculo en sus proyecciones de ingreso. El ministro Ávila reconoció que se sobreestimó el crecimiento de la tributación para los años 2024 y 2025, lo que obligó al Ejecutivo a considerar nuevas estrategias de financiación, entre ellas una nueva reforma tributaria para recaudar cerca del 1% del PIB –unos 17 billones de pesos–. No obstante, este tipo de medidas enfrentan una alta resistencia política, especialmente en un momento preelectoral.

En paralelo, el endeudamiento se convirtió en la alternativa más cercana. El Gobierno avanzó en gestiones para conseguir préstamos con organismos internacionales como el Nuevo Banco de Desarrollo del bloque Brics y la entidad alemana KfW. Esta línea de crédito abre nuevas oportunidades de financiación, aunque con costos más altos debido a la creciente percepción de riesgo, de acuerdo con el análisis de la revista en mención.