El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, expresó su preocupación por las recientes decisiones fiscales anunciadas por el Gobierno nacional, en especial la activación de la cláusula de escape que suspende por tres años la aplicación de la regla fiscal.
En entrevista con El Tiempo, el funcionario advirtió sobre los riesgos que implica continuar con un modelo de gasto público sin ajustes estructurales.
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Rodríguez cuestionó el argumento del Ministerio de Hacienda según el cual la suspensión de la regla fiscal es necesaria para proteger la inversión social y evitar recortes que agraven la coyuntura económica.
“Más allá del argumento técnico que pueda esgrimir el Gobierno, la estabilidad y el crecimiento económico no deben garantizarse sacrificando la disciplina fiscal”, afirmó el contralor al citado medio.
Agregó que mantener altos niveles de gasto sin respaldo en ingresos permanentes compromete más el crecimiento futuro que el cumplimiento estricto de la norma fiscal.
Desde su perspectiva, la activación de la cláusula de escape debe ir acompañada de un compromiso claro por parte del Ejecutivo para retomar cuanto antes la disciplina fiscal.
“Este debe ir acompañado de medidas claras y certeras para regresar al marco de la regla fiscal. Desde la Contraloría, insistimos en la necesidad de presentar una hoja de ruta coherente”, dijo Rodríguez.
Frente a la intención del Gobierno de priorizar la inversión social, el contralor reiteró que esa orientación no puede justificar una expansión indefinida del gasto. A su juicio, el Estado debe revisar y ajustar los gastos de funcionamiento antes de acudir a nuevas reformas tributarias.
“El Gobierno debe hacer un esfuerzo serio por reducir el gasto de funcionamiento, revisar subsidios ineficientes y controlar pasivos acumulados que presionan el presupuesto nacional”, señaló en la entrevista publicada por El Tiempo.
Y agregó: “Hablar de nuevas reformas tributarias es simplemente endilgar a diferentes actores la falta de seriedad en el manejo de las finanzas públicas”.
Rodríguez recalcó que la Contraloría ha venido advirtiendo sobre estos temas con antelación. “No quiero pensar que el día de mañana, en el momento de llegar a mayores dificultades, vayan a decir que la Contraloría pasó como un ente que no cumplió con su labor misional, porque lo hemos hecho y de manera oportuna”, manifestó.
En cuanto a la deuda pública, explicó que la regla fiscal establece límites claros para evitar un endeudamiento excesivo.
“La Ley de la Regla Fiscal estableció que el límite de deuda del Gobierno Nacional Central es igual a 71 por ciento del PIB y el ancla de deuda es igual a 55 por ciento del PIB. Para 2024, la deuda neta del GNC fue equivalente a 59,3 por ciento del PIB”, precisó.
El contralor explicó que una caída en el recaudo puede obligar al Ejecutivo a recortar el gasto o, si se mantiene el ritmo de ejecución presupuestal, aumentar el déficit fiscal.
“Puede suceder que una caída del recaudo obligue al Gobierno a recortar el gasto para cumplir con la regla fiscal o genere un mayor déficit fiscal y un aumento de la deuda”, advirtió.
Sobre la supuesta discrecionalidad que permitiría el uso de la cláusula de escape, Rodríguez descartó que el Gobierno pueda actuar sin límites.
“El gasto público que se ejecuta a través del Presupuesto General de la Nación es altamente inflexible”, indicó a El Tiempo.
Respecto a la vigilancia que realiza la entidad, afirmó que la Contraloría mantiene una supervisión constante sobre la ejecución del gasto público.
“La Contraloría General de la República siempre está en su labor misional de vigilancia y control de los recursos públicos”, sostuvo.
En cuanto a la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, el contralor estimó su costo entre 700.000 y 750.000 millones de pesos.
“Los recursos para una consulta popular deben estar en el Presupuesto General de la Nación y asegurados por el Estado”, dijo.
Finalmente, insistió en la importancia de mantener un gasto público eficiente y enfocado en el desarrollo.
“Hay que tener un gasto público con el nivel requerido y con la debida focalización para que genere los bienes y servicios necesarios para el desarrollo del país”, concluyó en El Tiempo.
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