Millonarios contratos de arriendo de la Dian no tenían sustento: Contraloría reveló irregularidades

El ente de control detectó pagos injustificados por espacios arrendados que no cumplieron el propósito inicial, lo que generó un uso ineficaz de los recursos públicos

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Los edificios arrendados, como el
Los edificios arrendados, como el San Martín y la Torre Sur en Bogotá, no cumplieron con el propósito inicial de albergar nuevos funcionarios - crédito Dian

La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría fiscal realizada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en la que se evidenciaron hallazgos fiscales que superan los 17.286 millones de pesos.

El informe señala que estos recursos corresponden al arrendamiento de edificaciones que no fueron utilizadas conforme al objetivo por el cual se contrataron, lo que generó un uso inadecuado del dinero público.

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El estudio del ente de control, conocido por W Radio, detalla que la Dian firmó contratos para el arriendo de varios inmuebles, entre ellos el edificio San Martín y la Torre Sur, ambos ubicados en Bogotá. Según los documentos revisados, estos espacios tenían como propósito albergar a nuevos funcionarios que ingresarían a la entidad tras una ampliación de la planta de personal.

Sin embargo, la auditoría encontró que los edificios fueron ocupados, de manera transitoria, por empleados de planta que ya contaban con puestos de trabajo y sedes asignadas en la institución.

La Contraloría General identificó un
La Contraloría General identificó un manejo ineficaz de más de $17.286 millones en contratos de arrendamiento - crédito Luis Jaime Acost/REUTERS

En el caso puntual de la Torre Sur, el organismo de control fiscal identificó que estaba prevista la llegada de 3.064 nuevos funcionarios. No obstante, finalmente se destinaron estos espacios para 1.890 trabajadores que ya hacían parte de la planta de la Dian y que tenían ubicación previa en otras sedes. Los contratos relacionados con estos arriendos cubrían el periodo comprendido entre el 5 de marzo y el 26 de diciembre de 2024.

“El proceso contractual desarrollado por la Dian, no se justificaba, toda vez que los inmuebles fueron ocupados durante el plazo de ejecución del contrato (…) de manera transitoria por 1.890 funcionarios de planta y no por nuevos funcionarios, que serían asignados en desarrollo del concurso de méritos”, señaló el informe de la Contraloría.

Frente a estos hallazgos, la Dian explicó que las acciones de tutela interpuestas en medio de los procesos de selección retrasaron los nombramientos de los nuevos funcionarios que, según lo proyectado, debían ocupar estos espacios desde comienzos de 2024.

Omisiones frente a soluciones contractuales

Los pagos realizados por estos
Los pagos realizados por estos arriendos se consideran un uso indebido de fondos públicos, ya que no respondieron a la necesidad que originó los contratos - crédito Luisa González/REUTERS

Pese a la explicación entregada por la Dian, la Contraloría cuestionó que la entidad no hubiera adoptado mecanismos jurídicos para ajustar los contratos ante el cambio de circunstancias. Según el informe, la Dian debió modificar las cláusulas contractuales o desistir del uso de los espacios que finalmente no iban a ser utilizados para el propósito inicial, con el fin de evitar el desembolso de recursos públicos por concepto de arriendos innecesarios.

En su pronunciamiento, el organismo de control fiscal precisó que, “existió un uso indebido de los recursos desembolsados dentro de la ejecución del contrato 032-001-2024, el cual resultó ineficaz, toda vez que no satisfizo la necesidad que dio origen al mismo; por cuanto la Dian tuvo que recurrir a ocupar los inmuebles arrendados con funcionarios de carrera, los cuales ya contaban con puestos de trabajo y ubicación en diferentes sedes de la entidad”.

Más preocupaciones para las finanzas públicas

Proyectos relacionados con agua potable,
Proyectos relacionados con agua potable, energía solar y sistemas productivos presentan deficiencias en su planeación y estructuración - crédito Luisa González/REUTERS

Además de este caso, la Contraloría advirtió sobre otros factores que han afectado el desempeño fiscal del país durante 2025. Entre ellos, se mencionan los anticipos de renta, los resultados económicos generales, litigios tributarios no concretados, menor crecimiento de sectores que aportan al IVA, disminución en el control de la evasión y la caída de la deducibilidad de las regalías del sector de hidrocarburos.

Este panorama se suma a los hallazgos relacionados con proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). De acuerdo con la Contraloría, entre 2023 y 2025 se han identificado hallazgos con incidencia fiscal por más de $2,1 billones, producto de auditorías y seguimientos a proyectos en todo el territorio nacional. Estos ejercicios de control han permitido identificar riesgos asociados a la pérdida de recursos o a su uso inadecuado, muchas veces denunciados por ciudadanos, veedores, el Congreso de la República o el Departamento Nacional de Planeación.

Departamentos con más irregularidades en recursos

La Guajira, Sucre y Antioquia
La Guajira, Sucre y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayores irregularidades en el uso de recursos de regalías durante 2024 - crédito Shutterstock

La Contraloría publicó un listado de las regiones con mayores hallazgos fiscales en 2024, relacionados con la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías. Encabezan este listado:

  • La Guajira: 37 hallazgos fiscales por $223.646 millones.
  • Sucre: 14 por $140.695 millones.
  • Antioquia: 43 por $128.347 millones.
  • Magdalena: 31 por $97.332 millones.
  • Caquetá: 10 por $84.313 millones.
  • Córdoba: 30 por $65.779 millones.
  • Arauca: 2 por $61.935 millones.
  • Cesar: 24 por $59.204 millones.
  • Casanare: 9 por $54.786 millones.
  • Meta: 12 por $54.36 millones.