El concejal Leandro Castellanos advirtió sobre una posible situación crítica en la gestión de residuos sólidos en Bogotá a comienzos del próximo año, debido a la decisión adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Según lo expresado por el cabildante, la negativa del regulador a aprobar las nuevas Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), solicitadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), generará complicaciones operativas que podrían derivar en un problema de salud pública y de seguridad.
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Castellanos señaló que, tras la resolución expedida por la CRA, el esquema vigente en la ciudad quedará sin un marco de continuidad clara una vez finalicen los contratos actuales con las empresas prestadoras del servicio de aseo.
En consecuencia, la capital estaría en riesgo de enfrentar fallas en la recolección de residuos, proliferación de puntos críticos y deterioro en la cobertura.
La resolución 1013 de 2025, expedida por la CRA, desestimó la propuesta presentada por la Uaesp para estructurar nuevas ASE. En el documento, el regulador indicó que “la Uaesp no logró justificar técnicamente la necesidad de las ASE. El modelo financiero presentado tenía errores e inconsistencias, no se demostraron beneficios para los usuarios, y se pretendía incluir costos en la tarifa que no correspondían”.
Esto significa que Bogotá no podrá adjudicar mediante licitación exclusiva la operación del servicio de aseo una vez se venzan los contratos actuales.
Según el concejal Castellanos, la ciudad podría enfrentar dos escenarios problemáticos: un sistema sin control ni planeación, basado en la libre competencia, o la declaración de una urgencia manifiesta para asignar contratos de manera directa, sin procesos de licitación abiertos. Ambos caminos, dijo, representarían riesgos en términos de calidad del servicio, continuidad y transparencia.
En declaraciones públicas, el concejal expresó su preocupación frente al impacto de la decisión de la CRA y responsabilizó directamente a la directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez de Rincón.
“La directora ocultó información bajo el pretexto de confidencialidad y engañó al Concejo de Bogotá con supuestas gestiones ante la CRA que, a la luz del fallo, fueron inútiles o inexistentes”, aseguró Castellanos, quien además pidió su salida inmediata del cargo.
El cabildante sostuvo que esta situación se presenta en un momento especialmente delicado para la ciudad, luego de haber atravesado semanas atrás una contingencia por el abastecimiento de agua. En su pronunciamiento, señaló:
“Después de la crisis del agua, ahora estamos al borde de una emergencia por las basuras. La ciudad merece respuestas y acciones inmediatas, no más silencios cómplices ni funcionarios atornillados al poder”.
A juicio del concejal, la falta de planificación en la transición del modelo de aseo amenaza con generar un aumento en la acumulación de residuos en espacios públicos, lo cual podría agravar la presencia de vectores y roedores, así como afectar la seguridad en distintas zonas de Bogotá.
También advirtió que los ciudadanos serán los principales afectados si no se garantiza un esquema ordenado y transparente para asegurar la continuidad del servicio.
En los últimos meses, desde el Concejo de Bogotá se ha llamado la atención sobre varios puntos críticos de acumulación de basura que persisten en diferentes localidades.
De acuerdo con reportes de varios cabildantes, las quejas de la ciudadanía han aumentado, lo que refuerza la necesidad de contar con un sistema de gestión de residuos funcional y efectivo, especialmente cuando se aproxima la renovación del modelo de contratación.
La directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez de Rincón, había anticipado públicamente que la ciudad implementaría un nuevo esquema enfocado en fortalecer el reciclaje y reorganizar la prestación del servicio de aseo. Sin embargo, tras la decisión de la CRA, las proyecciones sobre ese nuevo modelo han quedado en entredicho.
Castellanos reiteró que no se puede permitir que Bogotá cargue con los efectos de decisiones administrativas que, en su concepto, carecieron del sustento técnico y legal requerido. También insistió en que es necesario establecer responsables por lo que calificó como una gestión fallida.
Por ahora, las autoridades locales deberán evaluar las alternativas viables para mantener operativa la prestación del servicio en 2026. Mientras tanto, el cabildante anunció que continuará ejerciendo control político sobre el tema, con el fin de garantizar que la ciudadanía cuente con una solución antes de que se materialicen los efectos de esta situación.
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