El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Enrique Ibáñez, fue designado mediante sorteo como el magistrado encargado de analizar el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular.
Este proceso busca determinar la constitucionalidad del decreto presidencial, un paso clave en el desarrollo de esta iniciativa gubernamental.
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Según informó la Corte Constitucional, el sorteo se llevó a cabo como parte del procedimiento habitual para asignar los casos que llegan a esta instancia.
Este decreto, firmado el 11 de junio, convoca a una consulta popular que ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y ha puesto en el centro de atención la separación de poderes en el país.
La decisión del mandatario de avanzar con esta medida, pese a un concepto desfavorable del Senado, ha sido calificada por algunos sectores como un golpe de Estado.
Su discurso sobre la autonomía política
Durante su intervención en la posesión de la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, el magistrado Ibáñez destacó la importancia de la independencia judicial como un contrapeso esencial para preservar la supremacía de la Constitución y garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“La Corte Constitucional y sus magistrados responden únicamente al mandato supremo del pueblo expresado en la Constitución Política”, afirmó.
En su discurso, Ibáñez también citó a la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, para subrayar la vulnerabilidad de la independencia judicial frente a presiones externas, ya sean políticas, mediáticas o violentas.
Según el magistrado, la independencia judicial es un pilar relevante del Estado de derecho, pero requiere el respaldo constante de la sociedad para evitar que se vea comprometida. “Si la sociedad a la que sirven los jueces no se empeña en resguardarla, esa independencia puede hacerse añicos”, advirtió.
El magistrado aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro a la ciudadanía sobre el compromiso de la justicia de actuar sin servidumbres ni influencias externas.
Según Ibáñez, este compromiso es esencial para mantener la confianza pública en el sistema judicial y garantizar que las decisiones de los jueces estén guiadas únicamente por el marco constitucional.
“Es un mensaje a la sociedad, un compromiso visible de que la justicia se ejerce sin servidumbres ni presiones externas”, afirmó.
En su reflexión final, Ibáñez destacó que el Estado de derecho implica que ninguna persona, institución o gobernante está por encima del orden jurídico superior.
Este principio, explicó, abarca aspectos como el respeto al principio de legalidad, la igualdad ante la ley, la administración de justicia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
“En Colombia, este principio está íntima e inherentemente ligado a la garantía de la supremacía de la Constitución como norma de normas”, concluyó.
¿Quién es Jorge Enrique Ibáñez?
Jorge Enrique Ibáñez Najar es magistrado de la Corte Constitucional desde 2020, elegido con amplio respaldo en el Senado. Su trayectoria combina experiencia en derecho público, arbitraje, docencia y consultoría jurídica.
De formación conservadora, Ibáñez ha mostrado firmeza de carácter y una visión crítica frente a ciertas decisiones judiciales, sin desconocer los principios de la Constitución de 1991.
Su carrera comenzó en el Banco de la República, donde participó en las propuestas que derivaron en la independencia del emisor, luego incluida en la Carta del 91. Fue asesor de la Asamblea Constituyente y trabajó junto a figuras clave del derecho constitucional.
También ha ejercido como árbitro en casos de alto impacto, como el del contrato de la Ruta del Sol II, en el que falló contra Odebrecht y las firmas de Luis Carlos Sarmiento, y el laudo de Transmetro, donde se opuso al pago de $56.000 millones por parte del Distrito de Barranquilla.
Aunque es visto como un perfil ortodoxo, Ibáñez ha expresado respeto por derechos como el aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario, aunque deja abierta la puerta a revisar decisiones puntuales.
Es conocido por su carácter exigente, su dedicación al trabajo y su defensa del control constitucional, sin temor a enfrentarse a sectores de poder o emitir opiniones fuertes.
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