El presidente Gustavo Petro, junto con todos los ministros de su gabinete, firmó y presentó un decreto para convocar una consulta popular.
Este documento fue radicado en la mañana del viernes 13 de junio en la Registraduría Nacional del Estado Civil, marcando un nuevo paso en el proceso político impulsado por el Gobierno.
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Así mismo, según informó La FM, los partidos políticos le solicitaron al registrador nacional, Hernán Penagos, que aplique la figura de la “excepción de inconstitucionalidad” para evitar que se lleve a cabo la convocatoria a las urnas.
Este recurso legal, que permite no ejecutar una norma cuando se considera contraria a la Constitución, se ha convertido en el eje central del debate en torno a la consulta.
La presentación del decreto en la Registraduría Nacional representa un movimiento significativo en el panorama político colombiano, ya que la consulta popular podría tener implicaciones importantes para el futuro del país.
Según lo consignado, la solicitud de los partidos políticos busca frenar este proceso, argumentando posibles conflictos con la Constitución.
“Excepción de inconstitucionalidad” es un término que ha ganado relevancia en este contexto, ya que su aplicación podría determinar si la consulta se realiza o no.
El papel del registrador Hernán Penagos será clave en los próximos días, ya que deberá decidir si procede con la convocatoria o si acoge la solicitud de los partidos.
Este escenario plantea interrogantes sobre el impacto que podría tener la consulta en la política nacional y sobre los posibles desafíos legales que enfrentará el decreto firmado por Gustavo Petro y su equipo ministerial.
La radicación del decreto en la Registraduría Nacional del Estado Civil no solo pone en marcha un proceso administrativo, sino que también abre un debate jurídico y político que podría definir el rumbo de esta iniciativa gubernamental.
Si la Registraduría decide proceder con el decreto, el siguiente paso sería la expedición del calendario electoral.
Posteriormente, se requeriría la gestión de recursos ante el Ministerio de Hacienda para garantizar la instalación de mesas de votación tanto en el territorio nacional como en el exterior.
Este proceso implicaría una movilización logística y financiera significativa, en un contexto marcado por la polarización política y las disputas legales.
La Corte Constitucional revisará el decreto de Petro
El decreto firmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que busca convocar a una consulta popular, fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión.
El documento, identificado como Decreto 639 del 11 de junio de 2025, fue remitido por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo, al presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a través de correo electrónico. Este paso tiene como objetivo determinar si la medida cumple con las disposiciones legales establecidas en la Constitución.
“En cumplimiento de lo establecido en el artículo 241, ordinal 3, de la Constitución Política, así como en atención a lo señalado en el artículo 7 del Decreto 639 del 11 de junio de 2025 ‘por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones’, remito el mencionado decreto, con el objeto de que se adelanten las actuaciones correspondientes a su control jurisdiccional”, expresó el funcionario de la Presidencia.
De acuerdo con la comunicación enviada por Ocampo, el envío del decreto responde a lo estipulado en el artículo 241, ordinal 3, de la Constitución Política, así como al artículo 7 del propio Decreto 639.
En el mensaje, el secretario jurídico solicitó que se adelanten las actuaciones necesarias para el control jurisdiccional del documento.
Según lo informado, el decreto fue radicado ante la secretaría de la Corte Constitucional el jueves 12 de junio, marcando el inicio del proceso de revisión.
Entre tanto, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Ibáñez fue elegido por sorteo para liderar el análisis de validez del decreto.
El decreto establece que la consulta popular se llevaría a cabo el próximo 7 de agosto, convocando a todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral.
Sin embargo, esta iniciativa enfrenta un desafío significativo, ya que la consulta fue previamente hundida en el Senado. A pesar de este revés legislativo, el Gobierno ha decidido avanzar con la medida, solicitando a la Registraduría Nacional que organice el proceso electoral para la fecha señalada.
La consulta popular propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro ha generado un amplio debate en el ámbito político y jurídico de Colombia. La decisión de enviar el decreto a la Corte Constitucional subraya la importancia de garantizar que la medida se ajuste a las normas legales vigentes.
El Consejo de Estado también estudia demandas contra el decreto de la consulta popular
El Consejo de Estado ha recibido hasta el momento ocho demandas de nulidad y una acción de tutela en contra del decreto presidencial. Además, en la Corte Constitucional, la senadora Paloma Valencia solicitó la suspensión provisional de la medida mientras se realiza un análisis de fondo sobre su legalidad.
Estas acciones reflejan la controversia que rodea la iniciativa y los cuestionamientos sobre su compatibilidad con el marco jurídico del país.
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