‘Decretazo’: gabinete de Gustavo Petro que firmó documento que convoca a la consulta popular fue denunciado ante la Corte Suprema

La firma del Decreto 0639 de 2025 por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, y su gabinete, ya empieza a tener repercusiones a nivel legal. Mientras el jefe de Estado ya tiene radicadas denuncias ante su juez natural, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sus titulares de cartera tendrán que responder ante la Corte Suprema de Justicia, en caso de que se encuentren méritos para iniciar investigaciones en su contra; en un escenario que había sido advertido por los opositores del mandatario.

El representante a la Cámara Óscar Villamizar, del Centro Democrático, radicó el jueves 12 de junio denuncia penal ante un fiscal delegado ante el alto tribunal, en el que solicita la investigación de un posible prevaricato por acción contra los ministros que estamparon su rúbrica en el documento, al igual que el primer mandatario. El recurso legal sugiere que la emisión del mencionado decreto podría contradecir las decisiones del Senado, que ya había rechazado la convocatoria del mecanismo y usurpar competencias constitucionales.

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La denuncia, a la cual tuvo acceso Infobae Colombia, detalla una serie de acusaciones contra altos funcionarios del Gobierno, que a juicio del denunciante “contraviene manifiestamente la ley”. Según el parlamentario, el decreto busca hacer una consulta popular por encima de la votación de la sesión del 14 de mayo de la plenaria del Senado, que perdió el oficialismo por 49 a 47, que “representa una usurpación de competencias de las otras ramas del poder público, invalidándola de hecho”.

“Gustavo Petro se quiso pasar por la faja a la constitución y al Congreso de la República (...) Por esta razón hemos radicado una denuncia en contra de todo su gabinete. No es posible que quieran acabar con la institucionalidad del país y de la democracia, por cuidar sus puestos“, afirmó Villamizar, que no dudó en interponer la denuncia ante el órgano que tiene la responsabilidad de investigar a los ministros, que gozan de su condición de aforados constitucionales y solo pueden ser investigados por la Corte Suprema.

En el contenido de la denuncia, Villamizar sostuvo que “ninguno de los senadores en el recinto alegó que su voto no fue contabilizado”, con lo que desvirtuó los argumentos del Gobierno. Este hecho, según él, refuerza la validez del procedimiento, ya que los legisladores que no votaron decidieron voluntariamente no participar al momento de la votación, pues algunos de ellos -como la senadora Martha Peralta- no estaban presentes en el salón. El documento cita la sentencia C-481 de 2019 de la Corte Constitucional, que enfatiza la flexibilidad en los procedimientos legislativos siempre que no se rompan principios claves de deliberación.

A su vez, se señaló el principio de flexibilidad de las formas, crucial para evaluar la constitucionalidad de los actos legislativos, según reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional. “La Corte ha identificado las reglas constitucionales y orgánicas que existen en el ordenamiento jurídico para proteger el principio de deliberación”, se leyó en el documento, lo que Villamizar interpretó como un colofón a su queja sobre la intromisión de poderes que supone el decreto gubernamental.

Es válido destacar que los únicos ministros que no firmaron el documento, y por ende no fueron relacionados en el listado, fueron la canciller Laura Sarabia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada; al igual que el titular de la cartera de Justicia Eduardo Montealegre, que no ha tomado posesión de su cargo. En su lugar, fueron los ministros encargados los que estamparon su firma, teniendo en cuenta que el plazo para expedir el decreto vencía a la medianoche del miércoles 11 de junio, y el Gobierno requería oficializar el trámite.

Otro de los fundamentos citados para que se endilgue el delito de prevaricato por acción, está dispuesto en el artículo 413 del Código Penal colombiano, en el que se describe la pena a la que se enfrenta un servidor público al emitir actos “manifiestamente contrarios a la ley”, y que con ello establece un contexto más claro para la compleja situación. Así se solicitó al ente investigador que clarifique la potencial ilegalidad de la actuación del gabinete, que ya está en manos de la Corte Constitucional, para el respectivo control.

• Armando Benedetti Villaneda: ministro Del Interior
• Rosa Yolanda Villavicencio Mapy: ministra encargada de Relaciones Exteriores
• Germán Ávila Plazas: ministro de Hacienda
• Augusto Alfonso Ocampo Camacho: ministro encargado de Justicia
• Pedro Arnulfo Sánchez Suárez: ministro de Defensa
• Martha Viviana Carvajalino Villegas: ministra de Agricultura
• Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez: ministro de Salud
• Antonio Eresmid Sanguino Páez: ministro de Trabajo
• José Luciano Sanín Vásquez: ministro de Minas encargado
• Diana Marcela Morales Rojas: ministra de Comercio
• José Daniel Rojas Medellín: ministro de Educación
• Christian David Díaz Bulla: ministro de Ambiente encargado
• Helga María Rivas Ardila: ministra de Vivienda
• Julián Molina Gómez: ministro de Tecnologías de la Información
• María Fernanda Rojas Mantilla: ministra de Transporte
• Yanai Kadamani Fonrodona: ministra de Cultura
• Patricia Duque Cruz: ministra del Deporte
• Ángela Yesenia Olaya Requene: ministra de Ciencia
• Carlos Alfonso Rosero: ministro de Igualdad