La firma del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, por parte del presidente Gustavo Petro, con el que convocó a una consulta popular a pesar del rechazo del Senado, ha desatado una ola de indignación en el panorama político colombiano.
Las reacciones no se hicieron esperar, siendo la más vehemente la de la representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo, que calificó la decisión presidencial de “vergüenza”.
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La condena de César Gaviria y la réplica de Petro
Antes de la arremetida de Juvinao, el expresidente César Gaviria Trujillo fue uno de los primeros en expresar su rotundo rechazo al decreto.
En una declaración, Gaviria aseguró que la convocatoria a las elecciones populares violaría la Constitución de 1991, de la cual fue artífice.
“Con este decreto, el presidente y los ministros que lo firmaron atropellan al Senado, se arrogan facultades de la administración de justicia, y pretenden suspender la aplicación de la Constitución desde hoy hasta el 7 de agosto al sostener que su decreto es intocable porque únicamente la Corte Constitucional puede controlarlo, pero ella solo puede pronunciarse después de la votación de la consulta popular”, aseguró Gaviria.
Ante la posición del expresidente, Gustavo Petro respondió en X asegurando que la justificación de su decreto se basaba precisamente en los argumentos y palabras que Gaviria utilizó en su momento para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.
“Es precisamente letra a letra con los mismos argumentos y palabras con los que el expresidente Cesar Gaviria presentó su decreto para convocar la asamblea nacional constituyente, los que hemos puesto en el decreto de convocatoria de la Consulta Popular”, afirmó Petro intentando un paralelismo histórico que, según sus críticos, no se sostiene en el actualidad del país.
“Usted traiciona y quiere destruir”
El cruce de publicaciones escaló con la intervención de la representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo, que lanzó un ataque contra el presidente Petro.
En una publicación, Juvinao refutó el argumento del presidente sobre la comparación con el decreto de Gaviria.
“A ver: el decreto de Gaviria se dio bajo la Constitución de 1886”, señaló Juvinao, marcando una diferencia fundamental; acto seguido, la congresista acusó al presidente de traicionar los principios de la Carta Magna actual: “Ahora tenemos la Constitución de 1991, que el M-19 ayudó a construir y que ahora usted traiciona y quiere destruir”.
La contundente crítica de Juvinao concluyó con una declaración de profunda decepción: “Usted no es capaz ni de honrar su pasado revolucionario ni sus compromisos. ¡QUÉ VERGÜENZA!”.
El polémico decreto
El Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, que oficializó la convocatoria de la consulta popular, ha desatado una fuerte controversia y ha sido interpretado por algunos sectores incluso como un “golpe de Estado”.
La polémica radica en que el Ejecutivo ha decidido convocarla por decreto, a pesar de que el Senado de la República, en su plenaria del 14 de mayo de 2025, había rechazado la proposición por mayoría absoluta.
Un aspecto llamativo del documento es que no todos los 19 ministros del gabinete presidencial estamparon su firma, por ejemplo, la canciller Laura Sarabia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, no firmaron el decreto, presuntamente por encontrarse en comisión fuera del país, aunque no se descarta que la ausencia de sus rúbricas se deba a “dudas jurídicas”.
En su lugar, los ministros encargados fueron quienes firmaron el documento, cumpliendo con el plazo que vencía a la medianoche.
La viceministra Rosa Yolanda Villavicencio firmó en lugar de Sarabia, José Luciano Sanín (presidente encargado de la Agencia Nacional Minera) por Palma, y Christian David Díaz en reemplazo de Estrada. Curiosamente, el decreto tampoco cuenta con la firma del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sino del abogado Augusto Ocampo, quien oficiaba como ministro encargado antes de la llegada de Montealegre.
El decreto justifica la decisión presidencial argumentando que “una votación en el Congreso solo puede considerarse válida si permite hacerlo a todos sus integrantes”.
En este sentido, se señala que en la sesión del 14 de mayo, “el presidente del Senado cerró la votación de manera arbitraria e irrazonable, de manera que algunos senadores fueron excluidos sin justificación alguna pese a haber sido registrados como presentes, lo que conllevó una alteración sustancial en el procedimiento que terminó por falsear la voluntad de la plenaria y con ello viciar de manifiesta inconstitucionalidad la decisión adoptada”.
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