La Procuraduría General de la Nación inició una investigación para determinar posibles omisiones en el control ejercido sobre el Colegio Gimnasio Israel, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.
Este caso se produce tras las denuncias de abuso sexual contra al menos 22 menores de edad, presuntamente cometidos por un profesor de ética y valores de la institución.
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El hecho salió a la luz en abril, cuando los padres de familia comenzaron a reportar los hechos, lo que llevó a la suspensión de clases en el colegio y a una serie de acciones legales e institucionales.
De acuerdo con la Procuraduría, la investigación busca establecer responsabilidades tanto en el colegio como en las entidades distritales encargadas de supervisar y controlar este tipo de instituciones educativas.
Según informó el organismo, se activaron mecanismos preventivos, disciplinarios y de intervención a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, así como de otras instancias internas.
Estas acciones tienen como objetivo garantizar la protección de los derechos de los niños y niñas afectados.
El caso comenzó a generar atención pública cuando, el 6 de abril, el colegio suspendió clases alegando un “asunto legal”. Esto despertó inquietud entre los padres de familia, que al indagar descubrieron que la suspensión estaba relacionada con una denuncia de abuso sexual contra un estudiante.
Posteriormente, al dialogar con sus hijos, varios padres descubrieron que otros menores también habrían sido víctimas del mismo docente.
Según los testimonios, el profesor habría realizado tocamientos indebidos mientras revisaba los cuadernos de los estudiantes en el aula de clase.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Secretaría de Educación Distrital, que anunció medidas de inspección en la institución.
Ahora, la Procuraduría decidió intervenir para evaluar la respuesta institucional y determinar si hubo fallas en el deber de supervisión por parte de las autoridades distritales.
Además, el organismo ordenó una agencia especial para acompañar la investigación penal contra el presunto agresor, con el fin de garantizar que el proceso avance de manera ágil y que se respeten los derechos de las víctimas.
“Así mismo, determinó ordenar una agencia especial en el marco de la investigación penal, que se lleva a cabo en contra del presunto agresor, en aras de contribuir al desarrollo célere de las investigaciones que permitan aclarar estos repudiables hechos”, dice el documento expedido por la Procuraduría.
En un comunicado, la Procuraduría reiteró la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación sobre la idoneidad de las personas encargadas de la educación de menores.
Según el ente de control, los derechos de los niños y niñas deben ser una prioridad absoluta, por lo que continuará enfocando sus esfuerzos en garantizar su protección y en hacer respetar esta prevalencia.
El caso ha generado una fuerte reacción entre la comunidad educativa y los padres de familia, que exigen justicia y medidas contundentes para evitar que situaciones similares se repitan.
La Procuraduría, por su parte, señaló que estará presente en todas las etapas del juicio penal contra el docente señalado, con el objetivo de verificar que se cumplan las garantías procesales y se protejan los derechos de los menores afectados.
“Finalmente, reiteró la importancia de redoblar los esfuerzos para verificar la idoneidad de las personas que se encargan de la educación de los niños y niñas, cuyos derechos tienen prioridad, por lo que seguirá enfocando sus esfuerzos para hacer respetar esa prevalencia”, se concluye en el comunicado.
Este incidente pone en evidencia la importancia de un control más riguroso sobre las instituciones educativas y sus empleados, así como la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y respuesta ante casos de abuso.
La investigación en curso podría derivar en sanciones tanto para el colegio como para las entidades distritales responsables de su supervisión, dependiendo de los hallazgos que se obtengan en el proceso.
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