Nadia Blel solicitó medidas cautelares al Consejo de Estado para frenar el ‘decretazo’ de Gustavo Petro

La senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, solicitó al Consejo de Estado la adopción de medidas cautelares ante el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular el próximo 7 de agosto, a pesar de que el Senado había negado dicha convocatoria.

La solicitud busca frenar los efectos del llamado “decretazo”, como ha sido denominado por la oposición, que acusa al Gobierno de pasar por alto los procedimientos constitucionales.

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“También al Consejo de Estado se decreten unas medidas cautelares, primero para proteger el orden constitucional de todos los colombianos, pero muy importante, para proteger los recursos, porque esta consulta lleva inmersas recursos de los colombianos, que en la medida que los utilicen no podremos volver a recuperarlos. Por eso es tan importante la celeridad por parte del Consejo de Estado de decretar esas medidas con el fin de proteger no solamente el orden, sino todos los recursos de los colombianos”, manifestó Blel en una declaración pública.

La consulta popular propuesta por el presidente Petro contiene doce preguntas relacionadas con la reforma laboral que el Ejecutivo considera bloqueada por el Congreso. No obstante, su convocatoria mediante decreto ha generado un debate jurídico de alto nivel sobre la competencia del presidente para emitir dicha orden sin el aval del Senado, como lo establece la ley.

El propio Gobierno ha sostenido que la instancia encargada de definir la legalidad del decreto es la Corte Constitucional. Sin embargo, desde el Partido Conservador, Blel insiste en que el Consejo de Estado también tiene atribuciones preventivas, como decretar medidas cautelares mientras se define el fondo del asunto.

“El ministro de Justicia dice que el Consejo de Estado no sería el competente, sino la fuerza constitucional. Bueno, esa es una estrategia que ellos están implementando. Lo importante que los colombianos sepan es que desde el Partido Conservador vamos a utilizar todos los canales, todas las vías judiciales sobre todo, para defender la legitimidad, la democracia, el orden jurídico”, señaló la senadora.

Blel agregó: “Pero, lo que sí no puede seguir pasando es que el Gobierno Nacional, que sus ministros, a través de estrategias o acrobacias jurídicas, intenten desconocer las instituciones y el orden legal. Los colombianos pueden tener toda la certeza que con más firmeza, con mucha responsabilidad desde el Partido Conservador, seguiremos defendiendo las instituciones y la democracia por todas las vías legales”.

Con la firma del decreto presidencial y su publicación en el Diario Oficial, la responsabilidad recaerá sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigida por Hernán Penagos. Será él quien deba decidir si inicia la organización del proceso electoral para el 7 de agosto o si, por el contrario, espera una decisión judicial sobre la legalidad de la convocatoria.

La Registraduría tendría menos de dos meses para organizar una consulta de carácter nacional, un desafío logístico considerable. Además, la ley 134 de 1994 establece requisitos rigurosos para que la consulta sea válida y vinculante.

Dado que el último censo electoral en Colombia es de 40.963.370 ciudadanos, cada pregunta de la consulta necesitaría una participación de al menos 13.654.457 votantes, y requeriría el voto afirmativo de 6.827.229 para ser vinculante.

En el hipotético caso de que la consulta supere el umbral de participación y las preguntas obtengan mayoría de votos afirmativos, el Congreso tendría hasta dos periodos legislativos para convertir en ley lo decidido por los ciudadanos.

Si no lo hace, el presidente en ejercicio —quien para entonces no será Gustavo Petro— podrá implementar por decreto las disposiciones avaladas en la consulta, a partir del 20 de junio de 2027.