En respuesta a la reciente ola de violencia en el suroccidente de Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que, aunque se logró neutralizar el 72% de los intentos de atentados, no fue posible anticipar el 100% de las acciones violentas, lo que dejó un saldo de ocho muertos y 62 heridos, 29 de ellos de gravedad.
Estas declaraciones se dieron en desarrollo de un Consejo Extraordinario de Seguridad celebrado en Cali, encabezado por el presidente Gustavo Petro, tras los ataques registrados en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
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Durante el encuentro, el ministro Sánchez explicó que las acciones terroristas, ejecutadas por estructuras armadas ilegales, se camuflan entre la población y emplean vehículos y motocicletas, lo que dificulta su detección. A pesar de las limitaciones, destacó que la inteligencia previa permitió evitar la mayoría de los ataques.
“El 72% de los intentos terroristas se neutralizaron, quiere decir que había inteligencia, pero no fuimos capaces de neutralizar el 100% de los atentados terroristas, que se camuflan dentro de la población, que utilizan motos, que utilizan vehículos”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.
Según informó, el Gobierno implementará medidas para fortalecer las capacidades estatales en inteligencia, movilidad operativa y presencia territorial, con el objetivo de estabilizar las regiones afectadas.
Entre las decisiones anunciadas, destaca la creación de un Bloque de Búsqueda, una unidad especializada que se enfocará en combatir las “oficinas delictivas” que operan en el Valle del Cauca.
Esta fuerza élite estará integrada por personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y contará con tecnología avanzada para desarticular las redes logísticas y criminales de las estructuras armadas organizadas y residuales.
Además, se desplegarán 400 soldados adicionales del Ejército Nacional, que se sumarán a los 600 uniformados ya presentes en la región.
El Gobierno también presentó la Estrategia Coraza, diseñada para debilitar a la estructura criminal ‘Jaime Martínez’, activa en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
Según las autoridades, esta estrategia prioriza la ubicación de alias Marlon, señalado como líder de la organización y responsable del reclutamiento de menores. Por información que conduzca a su captura, se ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.
Así mismo, se intensificarán las acciones contra otras estructuras como ‘Carlos Patiño’, ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Franco Benavides’, que han recurrido a atentados para generar temor en la población tras las afectaciones a sus economías ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión y la explotación minera ilegal.
En cuanto a la respuesta inmediata, el director de la Policía, general Carlos Triana, anunció la puesta en marcha de un bloque de búsqueda liderado por un coronel de la Policía Nacional, con el objetivo de desarticular grupos criminales y estructuras de sicariato.
Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre la activación de 12 corredores antiterroristas, basados en el esquema de seguridad implementado durante la COP16.
Además, se reforzará la presencia policial con 100 agentes adicionales, 14 tenientes coroneles y 700 uniformados que llegarán entre octubre y noviembre para fortalecer la seguridad en el sur del Valle y el norte del Cauca.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, subrayó la importancia de una operación conjunta entre los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, que comparten un enclave cocalero considerado una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.
Toro destacó que, por primera vez, se establecerá un trabajo coordinado con el Gobierno nacional y su oficina de sustitución de cultivos, con el propósito de llevar inversión social a zonas rurales como Jamundí, una de las más afectadas por la violencia reciente.
El ministro Sánchez también reiteró el ofrecimiento de recompensas por información relacionada con los hechos violentos ocurridos el pasado lunes.
En total, se han destinado 900 millones de pesos, aportados por el Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, para incentivar la colaboración ciudadana en la identificación de los responsables.
Finalmente, el ministro concluyó que los recientes ataques son un intento de las estructuras armadas por demostrar un poder que están perdiendo, ya que las comunidades campesinas comenzaron a rechazar el cultivo de coca, debilitando así las fuentes de financiación de estos grupos.
Según Sánchez, las medidas anunciadas buscan no solo garantizar la seguridad en la región, sino consolidar un proceso de recuperación territorial y estabilización social.
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