Un reciente acto administrativo de la Gobernación de Antioquia ha generado controversia por prohibir a los alcaldes de la región la entrega gratuita de carne y leche a las comunidades rurales y urbanas más necesitadas.
Robinson Baena, alcalde del municipio de Puerto Berrío, expuso públicamente esta medida, calificándola de insensible y perjudicial para los sectores más vulnerables.
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Según explicó, la normativa afecta directamente programas solidarios que han sido un alivio para familias en condiciones de pobreza.
“Un acto administrativo de la Gobernación de Antioquia prohíbe a Robinson Baena entregarle carne a la gente pobre. Pero no solamente la carne, sino también nos prohíben entregar leche. ¿será que la norma es superior al bienestar humano?”, cuestionó contundentemente el alcalde.
El impacto de la disposición no se limita a lo normativo, ya que Baena relató casos concretos de familias beneficiadas por estos programas.
Según explicó, estos recursos tienen un impacto emocional en quienes los reciben.
En sus declaraciones, Baena deslizó la posibilidad de que esta decisión sea una represalia debido a su reciente encuentro con una Alta Consejera Presidencial, un hecho que lo habría diferenciado de otros mandatarios locales.
Estas tensiones se suman a la problemática social que enfrenta Puerto Berrío, un municipio ubicado en el Magdalena Medio antioqueño con significativos índices de pobreza y desigualdad.
Según datos referidos directamente por el alcalde Baena en los comunicados, varias familias rurales dependen de estas donaciones para mitigar la insuficiencia de recursos básicos diarios.
Gobernación de Antioquia aclara la situación y desmiente al Alcalde de Puerto Berrío
Un comunicado oficial emitido el 5 de junio de 2025 por la Secretaría de Salud e Inclusión Social encendió las alarmas en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.
En el documento, dirigido al alcalde Robinson Alberto Baena Zuluaga, se advierte sobre la presunta entrega de alimentos —leche y carne fresca— sin cumplir con los estándares sanitarios obligatorios, lo que podría poner en riesgo la salud de los consumidores.
Según un oficio dirigido al municipio desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social, el 5 de abril se realizó una entrega de leche cruda para consumo humano directo, evento transmitido en vivo a través de las redes sociales de la Alcaldía y del canal local Tele Berrio.
Sin embargo, el suministro de este producto no habría cumplido con las condiciones mínimas de sanidad y seguridad alimentaria estipuladas en el Decreto 1880 de 2011 y el Decreto 616 de 2006, normativas que regulan la comercialización de leche cruda y establecen que esta debe procesarse previamente para garantizar su inocuidad.
Asimismo, el 5 de mayo, durante actividades relacionadas con la manipulación de carne fresca, se habrían contravenido las disposiciones estipuladas en el Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 240 de 2013. Estas normativas exigen el estricto cumplimiento de medidas sanitarias a lo largo de la cadena de almacenamiento, transporte y comercialización de productos cárnicos destinados al consumo humano.
De acuerdo con Diego Alejandro Villa Valderrama, director técnico responsable del documento, estas irregularidades no solo comprometen la salud pública de los habitantes de Puerto Berrío, sino que también representan un mensaje equivocado que podría incentivar el incumplimiento de las normativas sanitarias por parte de otros operadores del sector alimenticio en el municipio.
El comunicado insta a la administración municipal a tomar medidas inmediatas para garantizar que estas actividades se realicen bajo el estricto marco de las leyes sanitarias vigentes. De lo contrario, se solicita la suspensión de las entregas de alimentos que no cumplan con dichas reglamentaciones. Esta medida busca proteger a los consumidores y prevenir mayores riesgos a la salud pública.
La Secretaría de Salud invocó, además, las facultades legales que le confiere la Ley 1122 de 2007 para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en el territorio. La entidad subrayó la importancia de articular esfuerzos entre las autoridades locales y los entes estatales para garantizar el cumplimiento de los estándares de inocuidad alimentaria.
Por su parte, el director técnico hizo énfasis en la necesidad de reforzar las buenas prácticas higiénicas en los procesos de entrega y manipulación de alimentos, subrayando que el incumplimiento de estas directrices podría derivar en sanciones legales, además de exponer a la población a enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado o contaminados.
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