‘Decretazo’ de Gustavo Petro, que convocó a la consulta popular, podría generar una crisis institucional sin precedentes: “Raya en lo antidemocrático”

El Decreto 0639 de 2025, firmado el 11 de junio por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con el que convoca a la consulta popular, ha puesto a Colombia en una situación de incertidumbre institucional, en la que la separación de poderes y la legalidad de las acciones del Ejecutivo se encuentran bajo escrutinio. El jefe de Estado, en una decisión que ha sido catalogada como un golpe de Estado, optó por desconocer el concepto desfavorable del Senado y acudir a la vía administrativa.

En ese contexto, el académico Manuel Camilo González, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, explicó a Infobae Colombia que la decisión presidencial de convocar a este mecanismo de participación ciudadana, sin tener en cuenta que esta iniciativa ya había sido desestimada por el legislativo, podría desencadenar una crisis en el régimen democrático del país. Sobre todo, cuando todavía el origen de esta propuesta, la reforma laboral, sigue tramitándose en el Congreso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Este decreto es la reacción que era muy previsible del presidente de la República, en términos de que si no se llegaba a una conciliación de la propuesta del Gobierno, que estaba presidida por la senadora Aída Avella, ese era el plan de contingencia que se tenía, que era la consulta popular”. En ese sentido, el politólogo indicó que esta medida, aunque legalmente posible, pone en entredicho el respeto a los actos del Congreso y la separación de poderes, en un contexto especialmente difícil.

“Ciertamente, es un acto que raya en lo antidemocrático, porque ciertamente desconoce los actos del Congreso”, señaló.

Asimismo, expuso que la oposición al decreto se prepara para actuar en tres frentes principales: la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional. El alto tribunal será el primer escenario de disputa, ya que deberá determinar la constitucionalidad del decreto y, en paralelo, resolver el futuro de la reforma pensional: la única reforma que, hasta el momento, ha superado su tránsito en el legislativo, aunque registra demandas de nulidad por presuntos vicios de trámite en la Cámara.

“Va a haber un quiebre mayor en términos de la separación de poderes, porque recordemos que la Corte Constitucional también tiene que determinar el futuro de la reforma pensional. Entonces, tendría dos grandes desafíos por resolver y la respuesta del Gobierno nacional frente a ello nos dirá si esa línea roja entre lo democrático y lo no democrático, entre lo legal y lo ilegal, se cruza”, afirmó González, en diálogo con esta redacción, en el que expresó sus postulados frente a un escenario pocas veces visto.

En el caso de que el Gobierno ignore las decisiones de la Corte Constitucional y avance con la consulta, González alertó sobre el riesgo de que Colombia transite hacia un modelo autoritario. En su análisis, es claro que “si el Gobierno suele desconocer la normativa de la Corte Constitucional y decide lanzar la consulta popular, estaríamos del otro lado de los regímenes políticos, es decir, podríamos cruzar a un escenario totalmente autoritario”. Así pues, consideró que la revisión de la Corte podría desactivar lo que calificó la “bomba autoritaria”, que congelarías pretensiones de desconocer los actos del Congreso.

El segundo frente de oposición se encuentra en el Consejo de Estado, que podría intervenir ante un posible conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. González explicó a Infobae Colombia que, desde la perspectiva del Gobierno, la Corte Constitucional es la instancia encargada de revisar la constitucionalidad del decreto, pero los opositores consideran que el Consejo de Estado debe resolver los conflictos entre instituciones estatales; un nuevo diferendo jurídico por revolverse.

“El Consejo de Estado revisa los conflictos entre instituciones del Estado, en este caso el Gobierno nacional y el Congreso de la República. En ese sentido, lo que podría generar esto es que lleve a que las pretensiones de la oposición por frenar el decreto puedan ser debilitadas”, afirmó el académico, que expuso el escenario que se avecinaría frente a las tesis defendidas por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y otros asesores del Gobierno, entre ellos, exmagistrados de la Corte.

Y el tercer frente, si se quiere, involucra a la Registraduría Nacional, dirigida por Hernán Penagos, que ha recibido múltiples solicitudes de diversos sectores para no llevar a cabo la consulta popular. González indicó que el registrador se encuentra en una posición compleja, debiendo decidir entre acatar los dictámenes de la Corte Constitucional o las órdenes del presidente, que ha insistido en llamar a los colombianos a las urnas, para lo cual tendrá que destinarse entre $700.000 millones y $1 billón.

“El registrador estaría en el dilema casi resuelto, porque hace parte de la oposición entre obedecer los dictámenes de la Corte Constitucional y los dictámenes del presidente de la República”, dijo. La decisión de la Corte será determinante, ya que si declara legal la consulta, la Registraduría estaría obligada a organizarla, salvo que el registrador oponga resistencia, lo que complicaría aún más el panorama.

Con este panorama, el experto consultado por también destacó el ente rector a nivel electoral es considerada un bastión de la oposición, lo que añade un elemento de incertidumbre sobre la logística y viabilidad de la consulta popular. González reflexionó sobre el papel de esta entidad y el dilema que enfrenta el jefe de Estado respecto a quién podría encargarse de la organización del proceso consultivo, que se llevaría a cabo el 7 de agosto de 2025, en caso de que se persista en esta iniciativa.

El politólogo enfatizó que el país se encuentra en un “limbo de normas” y en un conflicto institucional que podría desencadenar múltiples reacciones y escenarios. “Lo que estamos ahora es en un limbo de normas, conflicto de instituciones que de alguna forma puede generar muchas reacciones, muchos escenarios y que por ahora no hemos cruzado la línea, pero las reacciones a los escenarios que he comentado podrían cruzarla o podrían no cruzarla y eso determinaría un poco hasta qué punto esta crisis política termina siendo una crisis del régimen democrático”, expresó.