Hasta la noche del martes 10 de junio no cesó la oleada de ataques de estructuras de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc en los departamentos del Valle y del Cauca con un nuevo hostigamiento armado contra una de las estaciones de Policía del municipio de Santander de Quilichao.
Según la información preliminar del hecho, desde un dron lanzaron un artefacto explosivo en contra de la sede de los uniformados en el sector del Limonar, sin embargo, no impactó la edificación.
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Una vez ocurrió la detonación, los subversivos volvieron a atacar con ráfagas de fusil a los miembros de la Fuerza Pública, que llevaron a cabo maniobras de defensa y se dio un intercambio de disparos, sin que, por el momento, se tenga información de personas heridas.
El hecho se sumó a la escalada terrorista con más de 20 hechos de violencia que perpetraron desde la mañana en varios municipios de los dos mencionados departamentos por el que se tiene un trágico balance de ocho personas muertas y unos 80 heridos.
A través de un comunicado, la Policía Nacional señaló que en Cauca, los oficiales fallecidos fueron el patrullero Jair González Guerrero Bolaños y el patrullero Duván Andrés Ramírez Cárdenas, quienes murieron en diferentes ataques en las poblaciones de Caloto y Villa Rica, respectivamente.
“En total resultaron heridas 28 personas, entre las cuales se encuentran 19 civiles, 7 policías y 2 militares”, informaron en la misiva.
También recogieron lo ocurrido con el ataque en el municipio de Jamundí, a media hora de Cali, donde registraron 13 ataques, uno de ellos en un local comercial.
Las autoridades se movilizaron para dar con los responsables de estos actos violentos. Se iniciaron procedimientos judiciales para investigar y llevar a cabo acciones contra los autores intelectuales y materiales de estos ataques.
“Las modalidades utilizadas por parte de estos grupos armados ilegales se encuentran 4 vehículos adecuados con explosivos, 3 motocicletas bomba, 10 lanzamientos de artefactos explosivos, 4 ataques con armas de fuego y 2 hallazgo de cilindros bomba en vía pública”, señalaron.
Finalmente ofrecieron una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita prevenir más acciones en contra de los ciudadanos o la Fuerza Publica.
Por otro lado el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, también ofreció una recompensa impactante de 300 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Oso Yogui, implicado como el principal responsable de los recientes atentados en la ciudad.
Estos ataques, que han estremecido a Cali con explosiones en distintos puntos, son vistos por las autoridades más que como incidentes aislados, percibiéndolos como una expresión de una inseguridad en ascenso que afecta a varias regiones del suroccidente colombiano.
El mensaje de Eder no solo fue una declaración de hechos, sino un llamado emocional a los caleños: “Los saludo como un hijo de esta tierra”, dijo, reiterando la conexión personal y el compromiso con su ciudad. Las autoridades locales destacan que estos eventos trágicos están vinculados a la estructura disidente de las Farc, específicamente a la organización conocida como Jaime Martínez.
Entre las estrategias delineadas para contrarrestar esta amenaza, se estableció un puesto de mando unificado y se convocó a un Consejo de Seguridad urgente. Allí se determinaron medidas como reactivar corredores de seguridad y solicitar refuerzos del personal policial. “Cali no se arrodilla”, reafirmó un firme Eder, subrayando la fortaleza y resolución frente a los ataques.
Además, ante la ola de violencia, se han impuesto normas como la “ley seca” y restricciones temporales a ciertas actividades comerciales, permitiendo una mayor presencia de las fuerzas del orden en las áreas críticas. Eder exhortó al apoyo del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez para que participen directamente en las iniciativas de seguridad locales.
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