
Pese a múltiples críticas y advertencias sobre consecuencias penales y disciplinarias, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar la consulta popular, que hundió la plenaria del Senado. El mandatario aseguró que solo hay una manera de derogar la consulta: con la aprobación de la reforma laboral del Gobierno.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, escribió.
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Políticos rechazaron firma del cuestionado decreto
Su decisión generó una ola de críticas en el país político colombiano. Una de las personas que se pronunció es la congresista Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, donde se debatió y aprobó la ponencia mayoritaria de la reforma laboral, que acoge algunos puntos de la propuesta del Gobierno y cambia otros.
La senadora criticó el anuncio del presidente, asegurando sus condiciones para derogar el decreto constituyen una forma de “chantaje” al Congreso: “Golpe nada blando. Burdo chantaje, además”, señaló.

A las reacciones se unió el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que informó sobre acciones legales contra los ministros firmantes del decreto y estrategias para impedir que la consulta se lleve a cabo.
“Ya está lista la demanda de nulidad y la denuncia contra todos los ministros. No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la constitución y la ley”, precisó.

La representante Katherine Miranda hizo lo propio, calificando los hechos como un “golpe de Estado” propinado por un Gobierno que, a su juicio, es dictatorial.
“Se le borró la foto, aquí se le recuperé. Gracias por el mensaje de la bandera de guerra a muerte atrás. Notificados del golpe de Estado y de su tránsito a una dictadura”, indicó.

Desde la perspectiva del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la firma del documento no contribuye a la reducción de la violencia y del odio que se evidencia en el país, y que ha derivado en acciones terroristas y atentados.
“La respuesta del Presidente Petro a la grave crisis en orden público que atraviesa el país es firmando un decreto de #ConsultaPopular desconociendo las otras ramas del poder. Esto no ayuda en nada a calmar los ánimos en Colombia”, escribió.

El expresidente de Colombia Iván Duque Márquez se pronunció también, insistiendo en que la organización electoral debe negarse a convocar el mecanismo de participación ciudadana y afirmó que espera que la Corte Constitucional rechace la propuesta del Gobierno.
“Gustavo Petro ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes, pasando por encima de una decisión soberana del Senado de la República”, añadió.

Por su parte, la precandidata y senadora de la oposición Paloma Valencia indicó que la firma del decreto y las condiciones del presidente representan una amenaza al Congreso de la República, que surge en medio de un incremento de la violencia política en el país.
“Ante los ataques terroristas contra las instituciones, contra los ciudadanos y contra @MiguelUribeT; el presidente Petro decide irse también contra la institucionalidad y amenzarnos; vuelve a desplegar su bandera de libertad o muerte”, explicó.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación, aseguró que el jefe de Estado debería centrar sus esfuerzos en tomar medidas eficaces para hacer frente a la inseguridad en el país, y no en decretar una consulta que ya fue negada por el Senado.
“El Presidente debería estar usando lo que le queda de legitimidad (poco) en recuperar el orden y la seguridad, combatir a los grupos armados y darle tranquilidad a la gente, pero no, insiste en su agenda de división (y en su “guerra a muerte”)”, aseveró.

La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila hizo un llamado a la ciudadanía a defender la democracia y las instituciones, ante la firma del decreto por parte de Gustavo Petro. Advirtió que este tipo de acciones están orientadas a lograr que el mandatario se perpetúe “en el poder”.
“En medio del dolor de los colombianos por el crimen contra Miguel Uribe y la cadena de ataques terroristas en el país, Gustavo Petro da un paso más contra la democracia. Firmó el “decretazo” que ordena la consulta populista, aun cuando el Senado la había hundido. En Petro no se puede confiar porque él nos quiere rendidos, sometidos”, indicó.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, aseguró que la firma del documento y el presunto chantaje que se está impulsando “habla muy mal” del presidente de la República, puesto que va en contra de una decisión tomada por el Congreso, en toda libertad.
“Muy mal Presidente!!! No solamente rompe usted con las instituciones de Colombia y con el orden constitucional y legal, sino que además pone en riesgo la democracia (...). Que poco oportuno salir con esto en este momento crítico de nuestro país cuando la inseguridad y violencia se han convertido en nuestra nueva realidad”, indicó.

Contrario a la ola de críticas contra el mandatario, la congresista Esmeralda Hernández se pronunció en favor del jefe de Estado, reiterando la postura que estableció sobre la reforma laboral. Insistió en que la iniciativa debe aprobarse de tal manera que se permita a los ciudadanos contar con más derechos laborales.
“Total respaldo al decreto firmado por el pdte @petrogustavo que convoca a una Consulta Popular. Si el Senado se niega a aprobar una reforma que garantice de manera estructural los derechos laborales, será el pueblo en las calles quien decida sobre el futuro de sus luchas históricas. Que sea la democracia quien tenga la última palabra”, aclaró.

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