Investigadora de la Comisión de Acusación denunció irregularidades en el inicio del proceso contra Gustavo Petro

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes enfrenta cuestionamientos internos sobre el manejo del expediente relacionado con la apertura de una indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro.

El proceso se originó tras una denuncia del exministro de Justicia Wilson Ruiz, que pidió investigar si el mandatario padece un supuesto problema de adicción a las drogas, como lo afirmó en varias cartas el excanciller Álvaro Leyva.

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El auto que formalizó la indagación fue emitido el 10 de junio de 2025, pero su contenido fue conocido públicamente el miércoles 11. En él, la Comisión señala que tiene competencia para conocer las denuncias contra el presidente “por hechos que pueden configurar faltas disciplinarias, indignidad o mala conducta en el ejercicio de sus funciones”. Además, se ordena tomar el testimonio de Leyva, cuyas cartas motivaron la denuncia.

Sin embargo, tras de conocerse el documento, la representante investigadora Olga Lucía Velásquez, integrante del triunvirato que lidera el proceso, cuestionó la legalidad del auto y denunció una presunta vulneración del debido proceso.

En una carta dirigida al representante Carlos Cuenca, coordinador del triunvirato, Velásquez manifestó su inconformidad por lo que considera una irregularidad grave. Asegura que el auto fue expedido sin haber concluido el plazo de ocho días hábiles que le fue otorgado a Ruiz —a partir del 4 de junio— para allegar documentación complementaria sobre las normas que, según él, habrían sido vulneradas por el jefe de Estado.

“El día de hoy [11 de junio] ocurrió una nueva irregularidad consistente en la radicación y divulgación no autorizada de un auto de sustanciación que fue expedido sin respetar el término de ocho (8) días hábiles previamente concedido al señor Wilson Ruiz Orejuela”, señala la misiva enviada por Velásquez y conocida por Blu Radio.

La representante añadió que esta situación “atenta de forma directa contra el debido proceso y desnaturaliza la esencia misma del triunvirato”, el cual, según afirmó, se debe basar en la “deliberación conjunta, el consenso y el respeto por los términos adoptados de manera colegiada”.

Velásquez reiteró su solicitud de adoptar medidas para proteger la integridad del proceso y preservar la reserva de la investigación. “Reitero con énfasis la solicitud de que se adopten las medidas necesarias para proteger la integridad del trámite y garantizar la reserva que exige este tipo de investigaciones, con el fin de evitar nuevas vulneraciones al procedimiento”, concluyó.

Álvaro Leyva, primer canciller del Gobierno de Gustavo Petro y figura histórica del Partido Conservador, fue suspendido de su cargo en enero de 2024 por la Procuraduría General de la Nación, debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la expedición de pasaportes.

A partir de enero de 2025, Leyva comenzó a enviar cartas al presidente Petro y a otras autoridades, en las que denuncia un supuesto problema de adicción a las drogas por parte del mandatario. En esos escritos, el exfuncionario sostiene que esa adicción ha afectado el comportamiento del jefe de Estado, señalando retrasos, ausencias en actos públicos y publicaciones erráticas en redes sociales.

Una de las afirmaciones más delicadas de Leyva se refiere a un viaje oficial a Francia en junio de 2023, donde —según él— presenció directamente las consecuencias del supuesto problema de adicción.

Frente a las denuncias de Leyva, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente en términos contundentes. Calificó al excanciller de “víbora” y lo acusó de ser parte de un “complot” en su contra, motivado, según dijo, por resentimientos tras su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En sus declaraciones, Petro ha insistido en que las acusaciones carecen de sustento y forman parte de una estrategia de descrédito político. No obstante, la apertura del proceso y las advertencias de Velásquez sobre presuntas irregularidades procesales han generado preocupación sobre la transparencia y legalidad del procedimiento.