
El asesinato de Karim Sefair Calderón, que se desempeñaba como coordinador de fiscales en Fusagasugá, generó una reacción inmediata de las autoridades judiciales, que expresaron su preocupación por la seguridad de los funcionarios y la ciudadanía.
El Consejo Superior de la Judicatura condenó la reciente ola de violencia en el país, con especial énfasis en los hechos registrados en ciudades como Cali, y lamentó profundamente el homicidio del funcionario judicial, perpetrado la tarde del martes 10 de junio.
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Según informó el Consejo Superior de la Judicatura, la situación de inseguridad que afecta a regiones como la capital del Valle del Cauca y el Cauca motivó un llamado urgente a reforzar las medidas de protección en las sedes judiciales. El organismo solicitó que se garantice la integridad tanto de los empleados del sector justicia como de los ciudadanos que acuden a estas instalaciones. De acuerdo con la judicatura, la protección del ejercicio libre, autónomo e independiente de la administración de justicia resulta fundamental para el funcionamiento del Estado.
Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura detalló que la institución confía en la acción conjunta y coordinada de la fuerza pública para enfrentar la crisis de seguridad. En su declaración, la alta corte reiteró: “La Rama Judicial reitera la importancia de proteger el ejercicio libre, autónomo e independiente de la prestación del servicio de justicia en todo el territorio nacional, por lo que, confía en la acción conjunta y coordinada de la Fuerza Pública”.

Y es que la oleada de atentados y hechos violentos en las últimas horas llevó a la judicatura a enfatizar la necesidad de dejar de lado la violencia como medio de expresión de poder. Según indicaron los organismos encargados, el momento actual exige asumir con responsabilidad la tarea de reconstruir el país a partir de los valores fundamentales que sostienen el Estado Social de Derecho, la justicia y la convivencia pacífica. El organismo judicial recalcó que la violencia no puede ser una herramienta legítima en la vida pública y exhortó a la sociedad a fortalecer los principios que permiten la cohesión social.
Además, en el contexto de los recientes ataques, la judicatura insistió en la urgencia de adoptar medidas que garanticen la seguridad de quienes trabajan en la administración de justicia. “Es momento de dejar la violencia como herramienta de expresión de poder y asumir con responsabilidad la tarea de reconstruir al país desde los valores fundamentales que unen y conectan con el mantenimiento del Estado Social de derecho, la justicia y la sana convivencia”, expresó la alta corte, según explicaron desde el Consejo Superior de la Judicatura.

La preocupación por la seguridad en las sedes judiciales de Cali y el Cauca se intensificó tras los recientes atentados, lo que llevó a la judicatura a solicitar un refuerzo inmediato de la protección en estos lugares. El organismo enfatizó la importancia de que tanto los funcionarios judiciales como los ciudadanos puedan ejercer y acceder a la justicia sin temor, en un entorno seguro y protegido.
Precisamente, el presidente de Colombia anunció en sus redes sociales que viajará a Cali para llevar a cabo una reunión con la cúpula militar y policial.

Así mismo, sostuvo que estudiarán toda la información recopilada para determinar si hay una relación entre los eventos, además de identificar si hubo la participación de mafias o grupos ligados al narcotráfico.
“He solicitado la reunión de la cúpula militar y policial en Cali. Allí estaré. Se estudiará toda la información que relacionan las oficinas de la mafia de la región con el atentado al senador Uribe Turbay”, escribió en su cuenta de X.
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