
Mientras las señales de alarma se multiplican en el panorama económico colombiano, el Gobierno nacional tomó una decisión que marca un punto de quiebre, suspender la regla fiscal durante tres años. Lo que a primera vista puede parecer una medida técnica para ganar flexibilidad en el manejo del gasto, es en realidad el reflejo de una situación crítica que no admite más maquillaje, el país gasta mucho más de lo que puede sostener.
La situación venía cocinándose desde hace tiempo. En 2024, el déficit fiscal del Gobierno central se ubicó en un preocupante -6,7 % del PIB, superando en más de un punto la meta oficial de -5,6 %. Para 2025, la meta es de -5,1 %, pero las proyecciones más recientes no son alentadoras. Los ingresos no están creciendo al ritmo necesario, y los gastos, lejos de reducirse, siguen presionando con fuerza.
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El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana lleva tiempo advirtiendo sobre la fragilidad del equilibrio fiscal. En su último análisis, señalaron que el Plan Financiero 2025, “sobreestimó los ingresos y evitó reconocer la magnitud del ajuste necesario”. Pero el problema no es solo la proyección optimista. Es la forma en que se intentó disimular el incumplimiento.
Una estrategia clave del Gobierno fue recurrir a las llamadas Transacciones de Única Vez (TUV), que se usaron en 2024 para simular el cumplimiento de la regla fiscal. Estas transacciones, valoradas en -1,9 % del PIB, fueron duramente cuestionadas por su falta de solidez técnica y, según el observatorio, “contribuyeron al deterioro de la credibilidad fiscal”. La activación de la cláusula de escape, en ese sentido, más que un alivio, confirma la gravedad de la situación.
Los efectos no se limitan a las cifras. La suspensión de la regla fiscal, una herramienta diseñada para garantizar disciplina y estabilidad en el manejo de las finanzas públicas, puede tener implicaciones profundas, desde el debilitamiento institucional hasta el deterioro de la confianza de los mercados. Todo esto en un contexto donde la deuda neta ya ronda el 60% del PIB, muy cerca del umbral de sostenibilidad del 70%, y el pago de intereses representa cerca del 5% del PIB.

No es solo una cuestión técnica, está en juego la calificación crediticia del país, el costo del financiamiento en los mercados internacionales y la viabilidad de seguir contando con instrumentos como la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, el llamado del observatorio es claro, el Gobierno necesita ofrecer “anuncios claros, creíbles y contundentes” sobre cómo piensa recuperar el equilibrio fiscal.
El foco está ahora sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se espera que el Ejecutivo detalle su estrategia para volver a la senda del cumplimiento. En ese documento, no solo se jugará la credibilidad del Gobierno, también la confianza de los mercados y de la ciudadanía. Pero desde la academia se duda de que baste con una suspensión temporal. “Colombia no necesita cambiar la regla fiscal ni salidas transitorias sin rumbo, sino un verdadero plan de ajuste fiscal estructurado, transparente y gradual”, insistieron desde la Javeriana.

La alternativa a seguir improvisando es construir una hoja de ruta sólida, con metas realistas y decisiones responsables. Una que no dependa de trucos contables ni de flexibilidades excepcionales, sino de reformas que fortalezcan los ingresos y prioricen el gasto público con criterio técnico.
En palabras del Observatorio: “La sostenibilidad de las finanzas públicas requiere decisiones responsables y técnicamente sólidas”. Porque sin reglas claras, sin credibilidad, y sin un rumbo fiscal definido, no habrá cómo responder a las demandas sociales ni cómo blindar al país ante futuros choques económicos.
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