Carlos Meisel pidió prudencia ante el delicado estado de salud de Miguel Uribe Turbay: “Estamos muy mal, muy tristes”

La gravedad del estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, tras el atentado ocurrido el sábado 7 de junio, sigue generando reacciones de preocupación en el ámbito político y judicial.

A las afueras de la clínica Fundación Santa Fe, donde el precandidao presidencial permanece hospitalizado, el senador Carlos Meisel, también del Centro Democrático, expresó públicamente el sentimiento de dolor que embarga a su bancada y pidió a la opinión pública y a los actores políticos actuar con prudencia frente a una situación que, según sus palabras, ha golpeado profundamente al partido.

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“Venimos a dar una voz de aliento, porque, lógicamente, estamos todos muy mal, muy mal. Yo no quiero hacer de esto ningún pronunciamiento político, nosotros tenemos que tener mucha prudencia y no caer ni en provocaciones ni en tentaciones. Estamos muy tristes, es un golpe muy difícil de asimilar, porque, más allá de cualquier carrera profesional, aquí lo que se mueve es la vida del papá, del esposo, del amigo, del ser humano. Entonces, creo que es muy difícil para nosotros esto y, sinceramente, no estamos bien”, afirmó Meisel ante los medios.

El senador aprovechó para agradecer las muestras de solidaridad que ha recibido Uribe Turbay y subrayó el compromiso con las labores legislativas, indicando que continuaría con su agenda en el Congreso. “Creo que, entre otras cosas, hubiese sido una petición de Miguel agradecer las oraciones que hoy hace el país por él, pero no voy a estudiar los temas del país”.

Mientras las emociones siguen a flor de piel en el círculo cercano a Uribe Turbay, el foco también se ha desplazado hacia las posibles responsabilidades institucionales por el atentado. En la tarde del miércoles 11 de junio, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegaron a la Clínica Fundación Santa Fe para reunirse con Víctor Mosquera, abogado del senador, que ha hecho graves denuncias sobre el manejo del esquema de seguridad de su defendido.

Mosquera reveló que entre 2021 y 2024 se presentaron al menos 40 solicitudes para reforzar la protección de Miguel Uribe, todas desatendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Desde hace más de tres años se venía alertando al Gobierno sobre el alto riesgo que corría Miguel Uribe. Se hicieron solicitudes de protección fuera de Bogotá, de aumento en el pie de fuerza y de reforzamiento del esquema. Todo fue ignorado”, afirmó a La FM.

El abogado sostuvo que tras el atentado deben investigarse dos tipos de responsabilidades: una por acción, correspondiente a los autores materiales e intelectuales del crimen, y otra por omisión, atribuida al Estado colombiano. “Ya tenemos al autor que desarrolló esta actividad criminal, pero faltan los determinadores. Al mismo tiempo, estamos señalando un fallo en el servicio por parte del Estado, que fue negligente con la vida de Miguel”, denunció Mosquera.

Uno de los señalamientos más sensibles del abogado se dirige contra el actual director de la UNP, a quien acusa de actuar en conflicto de interés y de politizar el proceso de análisis de riesgo de Uribe Turbay. Según Mosquera, es falso que la UNP desconociera la condición de precandidato presidencial del senador, ya que él mismo lo declaró en la entrevista anual obligatoria con esa entidad.

Además, subrayó que el propio estudio de riesgo de la UNP mencionaba amenazas históricas contra la familia Uribe Turbay por parte del narcotráfico, las Farc y el M-19, grupo al que perteneció el actual director de la entidad: “Ese funcionario, por ética y legalidad, debió declararse impedido para participar en decisiones sobre el riesgo de Miguel Uribe. No hacerlo, y participar activamente en esas decisiones, convierte el proceso en uno politizado, en lugar de técnico”.

La situación de salud de Miguel Uribe Turbay continúa siendo delicada, aunque según los últimos reportes médicos, su estado neurológico ha mostrado signos de mejoría. No obstante, el país sigue atento al desenlace clínico, así como a las posibles repercusiones políticas y judiciales que este atentado podría acarrear.