Alianza gremial Aliadas advierte sobre riesgos de suspender la regla fiscal y hace llamado de atención al Gobierno Petro

La alianza empresarial Aliadas, que reúne a más de treinta gremios económicos del país, expresó este martes 10 de junio su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de suspender la aplicación de la regla fiscal, una medida que considera riesgosa para la estabilidad macroeconómica del país.

La organización alertó que la eliminación temporal de este instrumento, que actúa como límite al gasto público, podría enviar señales negativas a diversos actores, entre ellos los ciudadanos, los mercados financieros y los inversionistas tanto nacionales como internacionales.

Para el sector empresarial, la existencia de una regla fiscal clara es fundamental para garantizar que las finanzas públicas se mantengan en niveles sostenibles y que el país pueda conservar su credibilidad ante los organismos financieros y la banca internacional.

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Aliadas señaló que el cumplimiento de la regla fiscal no solo favorece la estabilidad de la economía, sino que también fortalece la confianza en las instituciones, mejora el acceso a fuentes de financiación y protege la capacidad del Estado para atender áreas prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura.

La organización también llamó la atención sobre el efecto acumulativo de las decisiones recientes del Ejecutivo en materia económica. Según su evaluación, la adopción de políticas que, aunque se ajustan al marco legal vigente, carecen de sustento técnico suficiente o se ejecutan bajo condiciones excepcionales, ha generado un ambiente de desconfianza entre diversos sectores de la sociedad.

“La sumatoria de todas las medidas que se vienen tomando está poniendo en juego el país que hemos construido, la institucionalidad que recoge la Constitución de 1991 y los derechos y libertades de la gente”, indicó la alianza a través de un comunicado.

En ese contexto, Aliadas instó al Gobierno nacional a actuar con responsabilidad y a mantener un enfoque de mediano y largo plazo. Para la alianza gremial, el país requiere decisiones que fortalezcan la institucionalidad establecida por la Constitución de 1991 y que garanticen el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni debilitar los mecanismos de control financiero.

“Las decisiones que hoy se toman no afectan a unos pocos: nos impactan a todos. La reciente inestabilidad derivada de políticas que, aunque legales, se aplican sin justificación técnica y bajo medidas extremas, ha generado una desconfianza profunda”, añadió la organización gremial.

El pronunciamiento se produce en medio de una creciente controversia por las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, las cuales han generado reacciones mixtas entre analistas, gremios y organismos multilaterales. La suspensión de la regla fiscal se suma a una serie de decisiones que han sido objeto de debate público por sus implicaciones sobre el rumbo económico del país y la confianza de los inversionistas.

Aliadas reiteró su disposición a participar en escenarios de diálogo técnico y concertación que permitan construir consensos en torno a las políticas públicas, siempre con el objetivo de preservar la estabilidad, la confianza y el bienestar colectivo.

El diario económico La República consultó a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, para conocer las implicaciones de la suspensión de la regla fiscal.

Según sus estimaciones, el déficit fiscal podría alcanzar el 7,5% del PIB en 2025, lo que lo convertiría en el segundo más alto en más de un siglo, superado únicamente por el registrado durante la crisis sanitaria global de 2020.

El observatorio fiscal de la Universidad Javeriana ha advertido que hubo una sobreestimación en los ingresos proyectados, lo que habría llevado a incumplimientos en las metas fiscales.

Ante este panorama, la cláusula de escape sería utilizada para evitar una violación formal de la regla, aunque ello represente una alteración sustancial del marco de disciplina fiscal vigente.

Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos), ha advertido sobre las repercusiones que traería esta decisión.

En su análisis, publicado por La República, el levantamiento temporal de la regla fiscal incrementaría la necesidad de financiamiento externo e interno, lo que podría traducirse en un aumento de la deuda pública.

A su vez, esto enviaría señales de riesgo a los inversionistas, quienes podrían exigir mayores tasas de interés para compensar la percepción de inestabilidad fiscal.

Uno de los impactos inmediatos sería sobre los bonos soberanos, particularmente los Títulos de Tesorería (TES), que representan una parte importante del financiamiento estatal. En 2025, el Gobierno proyecta utilizar $45 billones a través de este mecanismo, dentro de un total de $104,7 billones en fuentes de financiación. Un entorno de mayor incertidumbre llevaría a encarecer estas emisiones, reduciendo el margen de maniobra del Estado en otras áreas prioritarias como inversión social o infraestructura.