En medio del fortalecimiento de las medidas de seguridad y cooperación bilateral con Colombia, el gobierno de México ha restringido en las últimas semanas el ingreso a su territorio de 69 ciudadanos colombianos, algunos de los cuales habrían manifestado tener vínculos con estructuras del narcotráfico.
La medida se da tras un operativo llevado a cabo a finales de mayo por fuerzas militares mexicanas en el estado de Michoacán, al occidente del país, que derivó en la captura de doce ciudadanos colombianos. Nueve de ellos son exintegrantes de las Fuerzas Armadas colombianas, y los tres restantes afirmaron tener entrenamiento en el manejo de armas. Las autoridades mexicanas indicaron que, si bien no se ha comprobado su pertenencia a grupos guerrilleros, existe preocupación por su nivel de preparación táctica y operativa.
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A raíz de estas detenciones, los gobiernos de México y Colombia activaron un canal de intercambio de información orientado a identificar posibles patrones de reclutamiento transnacional y a robustecer la colaboración en asuntos de seguridad.
Como parte de este esfuerzo, se han intensificado los controles migratorios, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, principal punto de ingreso de viajeros provenientes de Sudamérica.
Las autoridades mexicanas han señalado que, durante las entrevistas de ingreso migratorio, varios de los 69 colombianos rechazados admitieron haber sido reclutados por organizaciones delictivas mexicanas.
“En coordinación con las autoridades de Colombia se han regresado a su país a 69 personas (...) algunos en las entrevistas (de ingreso migratorio) mencionaban que sí habían sido cooptados por algún grupo delictivo”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en la conferencia presidencial matutina.
Si bien no se precisó cuántos hicieron esta declaración, se identificaron posibles conexiones con dos de los principales cárteles del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Estas organizaciones, ampliamente enfrentadas por el control de rutas del narcotráfico, fueron clasificadas por el gobierno de Estados Unidos como “organizaciones terroristas extranjeras” a inicios de este año, en conjunto con otros cuatro cárteles.
El caso más reciente que puso en evidencia la presencia de extranjeros en las filas del crimen organizado en México se produjo tras una explosión ocurrida en Michoacán, que provocó la muerte de seis efectivos de la Guardia Nacional. Las pesquisas derivadas del hecho condujeron a la localización de la presunta célula colombiana, la cual podría estar vinculada con las acciones violentas de grupos criminales que operan en la región.
Este no es un hecho aislado. En octubre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó sobre el desmantelamiento de una estructura conformada por ciudadanos colombianos que, según las autoridades, se dedicaba a la fabricación de explosivos adaptados a drones, una modalidad de ataque cada vez más utilizada por organizaciones criminales en zonas de conflicto.
Los hallazgos recientes refuerzan la preocupación por el creciente involucramiento de exmilitares y personal con entrenamiento especializado en operaciones ilegales dentro de territorio mexicano. Asimismo, plantean nuevos desafíos para los mecanismos de control fronterizo y para la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.
Hay un patrón del crimen organizado para reclutar a exmilitares de Colombia
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),Omar García Harfuch, reconoció que hay grupos criminales en México que se han dedicado a reclutar a personas de Colombia con perfil militar, con la finalidad de que se sumen a sus filas delictivas.
Al presentar los avances del Gabinete de Seguridad, Harfuch se pronunció por la detención de 17 personas presuntamente relacionadas con un ataque a militares, perpetrado en una zona limítrofe entre los estados de Michoacán y Jalisco.
Se pudo comprobar que, entre las personas detenidas, había 12 de origen colombiano. Harfuch detalló que 9 son exmilitares y tres civiles. Todos ellos presuntamente participaron en la muerte de ocho militares.
“Los detenidos están involucrados en el evento donde perdieron la vida ocho elementos del Ejército por la explosión de una narcomina en los límites de Jalisco y Michoacán”, expuso el secretario de Seguridad sobre los hechos registrados el 29 de mayo.
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