
Una motobomba, un lote de tierra, una inversión en abejas o en peces, todo eso, que para muchas familias campesinas es parte del sustento diario, ahora podrá financiarse con condiciones más justas. A partir del 12 de junio, campesinos, asociaciones rurales y pequeños productores podrán acceder a un nuevo paquete de recursos diseñado para aliviar sus cargas financieras y ampliar su acceso al crédito formal.
El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), destinó cerca de $180.000 millones en subsidios e incentivos con un objetivo claro, promover la inclusión financiera en el campo y facilitar la inversión productiva bajo condiciones más equitativas.
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Los recursos están divididos en dos instrumentos. Las Líneas Especiales de Crédito (LEC) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). Ambos podrán solicitarse directamente a través de bancos y cooperativas aliadas a Finagro.
Créditos con tasas más bajas y condiciones especiales
En total, más de $98.000 millones están reservados para otorgar créditos a productores agropecuarios con tasas subsidiadas y plazos que se ajustan a las dinámicas del campo. Hay dos líneas principales, LEC Desarrollo Productivo y LEC Reforma Agraria.
La primera está enfocada en financiar desde la siembra de cultivos de ciclo corto hasta proyectos en pesca, ganadería, apicultura o comercialización de productos. La segunda, en cambio, busca facilitar la compra de tierras y el fortalecimiento de proyectos en distritos agrarios, un componente estratégico dentro del proceso de reforma rural integral.

Un ejemplo concreto puede ser, si una mujer rural de bajos ingresos desea adquirir un terreno para cultivar maíz, podría acceder a una tasa subsidiada equivalente a IBR – 8,9%, lo que significa que terminaría pagando un interés cercano al 1%, una condición casi inédita en el sistema financiero tradicional.
La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, destacó que estos recursos también complementan otros $20.000 millones ya dispuestos para la LEC de Reactivación Agropecuaria. “Hacemos un llamado a que los productores, productoras y especialmente las asociaciones accedan a estos beneficios para impulsar su productividad”, señaló.
Además del acceso a créditos con condiciones preferenciales, los productores también podrán reducir directamente el valor que deben pagar por sus inversiones. Así funciona el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que contará con una bolsa cercana a los $78.500 millones.
Este beneficio reconoce un porcentaje del valor del proyecto ejecutado y lo abona directamente al saldo del crédito. En cifras, hasta el 40% para pequeños productores de ingresos bajos, 30% para pequeños productores y 25% para medianos.

Traducido a la vida cotidiana, si un campesino compra una motobomba por $10 millones, y califica dentro del primer grupo, el Estado podría cubrirle hasta $4 millones del valor del equipo. Es decir, solo tendría que pagar $6 millones con recursos propios o financiados.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, fue clara en el propósito de fondo. “Democratizar el crédito para que llegue a pequeños y medianos productores y productoras agropecuarias es un imperativo de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del Cambio”, señaló.
Una parte de los recursos también es priorizada para poblaciones específicas. Más de $21.000 millones se destinarán a comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras (Narp), así como a productores del sector arrocero, una de las cadenas que más reclama apoyo estatal por sus altos costos de producción.
Desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), su presidente Nilson Liz valoró la medida, señalando que el acceso a crédito justo sigue siendo una de las principales necesidades del sector rural colombiano.
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