En un mensaje contundente en su cuenta de X, la vicepresidenta segunda de la Cámara, Lina María Garrido, denunció que el recien designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, estaría ejerciendo una presión indebida sobre los ministros del Gobierno Petro para que firmen el decreto que convoca a la consulta popular.
“Ministros citados a firmar la consulta popular: exijan primero la firma de Montealegre. Si firman sin exigirle lo mismo, serán ustedes, y solo ustedes, quienes responderán ante la ley. Montealegre no puede ser el ventrílocuo mientras ustedes se convierten en sus muñecos”, afirmó Garrido.
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La representante agregó además que “Con esta jugada política que ni su propio autor se atreve a firmar, Montealegre ya se ganó el Ministerio y, además, conserva jugosos contratos con el Estado, todo a costa de ustedes. ¿Gustavo Petro y Armando Benedetti estarán en sus cabales?”.
Esta declaración refleja un fuerte cuestionamiento a la legitimidad del proceso y al papel que juega Montealegre dentro del Gobierno y en la promoción de la consulta popular, al tiempo que pone en duda la actuación del presidente Petro y su entorno político.
Montealegre dio posible fecha de la consulta
El sábado 7 de junio, en una entrevista con Noticias Caracol, Eduardo Montealegre anunció que el presidente Gustavo Petro expedirá el decreto de convocatoria a la consulta popular el miércoles 11 de junio en la ciudad de Cali, durante las movilizaciones previstas para ese día.
“El decreto lo primero que va a hacer es aplicar la excepción de inconstitucionalidad del acto del Congreso (…) Porque con una carga argumentativa muy fuerte, el presidente explica por qué razón ese acto violó la Constitución”, señaló Montealegre, añadiendo que esta excepción se aplicará desde el primer artículo del decreto.
Sobre la fecha de la consulta, el ministro designado confirmó que será el 7 de agosto de 2025, un día “simbólico en la historia de Colombia”. Además, informó que la Registraduría Nacional recibirá la orden para iniciar la logística y preparación del proceso electoral.
En relación con el control jurídico de este decreto, Montealegre aclaró que, a diferencia de lo usual, no será el Consejo de Estado quien realice la supervisión, sino la Corte Constitucional, y que dicho control será posterior a la consulta, es decir, después del 7 de agosto. “Luego de esto, el 8 de agosto, se activará la competencia de la Corte que debe controlar todo el proceso constitucional de formación de la consulta que empezó el primero de mayo, cuando el presidente envió las preguntas al Senado y terminará el 7 de mayo”, concluyó.
Denuncias por millonarios contratos públicos
El debate en torno a Montealegre no solo se centra en su papel político, sino también en su vinculación financiera con el Gobierno de Gustavo Petro. El concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño denunció públicamente que Montealegre ha recibido más de 1.700 millones de pesos a través de contratos estatales.
“$1.788.856.667 es la suma que ha recibido Eduardo Montealegre por parte del Gobierno Petro. El que está respaldando jurídicamente el acto dictatorial de expedir la consulta popular recibe buena plata”, afirmó Briceño en su cuenta de X.
Según el concejal, estos pagos se habrían realizado mediante seis contratos por un valor total de $1.712 millones a través de la empresa Economía Derecho y Sociedad S. A. S., de la cual Montealegre es gerente. Entre los contratos, destacan dos vinculados con la aseguradora Positiva, una entidad que estuvo envuelta en polémicas relacionadas con presuntas irregularidades en compra de puestos.
Adicionalmente, Montealegre tiene cuatro contratos con la entidad pública Rtvc para “ayudar en temas personales a Hollman Morris”, según explicó Briceño. También se reveló que la gerente suplente de dicho medio de comunicación , Claudia Patricia Ospina, firmó convenios por más de $76 millones, aumentando la controversia sobre los vínculos económicos y políticos que rodean al ministro designado.
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